El Ministerio de Medio Ambiente ha recortado de forma unilateral un 36% de la superficie regable del área Vinalopó-Alacantí en el nuevo plan de cuenca del Júcar (revisión del actualmente en vigor desde 1997), lo que puede dejar sin agua para riego a 15.000 hectáreas en explotación e, incluso, afectar a los caudales finales que se asignen a Alicante en el trasvase Júcar-Vinalopó. El problema estriba en que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han hecho los cálculos en base a la estadística de 2005, año en el que 15.000 hectáreas de regadío estaban en barbecho porque no había agua debido a que la provincia sufría uno de los ciclos secos más intensos de la historia.
Los regantes consideran que la situación es muy grave y preparan alegaciones a presentar antes del jueves. Necesitan 200 hm3 al año y el recorte propuesto por la CHJ seria de 60 hm3 para la uva de mesa, hortalizas y frutales, según Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Júcar-Vinalopó.
«El tema es muy grave y espero que el ministerio admita nuestras alegaciones porque de aprobarse el plan de cuenca con estas restricciones se aboca a la ruina al 30% de la producción agrícola del Vinalopó y l’Alacantí», sentencia Martínez. El problema puede afectar a los caudales que llegarán del Júcar ya que «no sólo no conocemos las cantidades sino que ahora nos encontramos con este recorte general en el documento que, paradójicamente, se denomina esquema para decidir la cuestiones importantes en la cuenca del Júcar», subraya el presidente de la Junta Central.
Para el catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, el «esquema de asuntos importantes de la cuenca del Júcar vuelve a ser un ataque directo contra Alicante. No sólo se plantea un recorte de los recursos hídricos, sino que afecta a derechos de regadío consolidados y, como siempre, las trabas nos las ponen a los alicantinos y no a Castilla-La Mancha».
El Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat han comenzado la cuenta atrás para el final de la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó que estará listo a finales de año para impulsar de Cullera a Villena y al resto de la provincia los caudales captados en el Azud de la Marquesa. Unas obras que, incluido el postrasvase, habrán supuesto un desembolso de 350 millones de euros, a los que hay que añadir 100 millones de la modernización de la Acequia Real del Júcar, obra clave para generar excedentes en el Júcar y así trasvasarlos a Alicante. Casi siete años después de iniciadas las obras y después del polémico cambio de trazado, todavía no se han resuelto dos cuestiones fundamentales: el precio y la calidad del agua.
Nada se sabe, de forma oficial, de la potabilizadora (40 millones) que debe garantizar que el agua sirva para beber y regar. Las buenas palabras del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu contrastan con la realidad y cierta indolencia de la propia Conselleria de Agua que hace dos semanas bendecía la finalización del último túnel del trasvase. Todo el mundo es consciente de que la infraestructura es fundamental pero, de momento, no tiene ni presupuesto consignado.