La guerra del agua entre comunidades autónomas tiene otro frente abierto con los límites de la demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, y con la negativa de los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana para asumir la gestión de sus cuencas internas: la que va de San Pedro del Pinatar hasta Águilas y la de L’Alacantí. Ambas tienen en común que son extremadamente deficitarias y carecen de ríos, a la vez que presentan problemas periódicos de inundaciones por las lluvias. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha recurrido al Tribunal Supremo para que la Región de Murcia se vea obligada a quedarse con la planificación de toda la franja costera al sur del Puerto de la Cadena, cuyos recursos propios se limitan a los pozos y a una parte de la desalación. El objetivo de Castilla-La Mancha es dividir la cuenca y tener más control sobre la gestión del agua, según coinciden en señalar fuentes del Ministerio, de la Consejería de Agricultura y del Sindicato central de Regantes del Trasvase,.

El momento para que las cuencas internas se transfieran a las comunidades autónomas está cada vez más próximo, apremiado por los nuevos planes de cuenca que deben presentarse este año en Bruselas. Si Castilla-La Mancha consigue sus pretensiones, la demarcación del Segura será más pequeña y el Ejecutivo de Barreda ganará fuerza en los órganos de gobierno de la Confederación. Al mismo tiempo, se puede ver afectado el reparto de caudales del Trasvase Tajo-Segura. No hay que olvidar que un 25% de la cuenca del Segura corresponde a Castilla-La Mancha, el 9,4% a Andalucía, el 6,2% a la Comunidad Valenciana y el 59,3% a la Región de Murcia.

Sentencia del Supremo

Frente a la postura de Murcia y la Comunidad Valenciana existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que obliga en cierta medida a las autonomías a hacerse cargo de las cuencas internas. Al mismo tiempo, subraya que el Ministerio sólo debe planificar las cuencas intercomunitarias. Si mantiene esta doctrina, hay posibilidades de que se constituya la cuenca interna del Albujón, cuya planificación tendrían que compartir el Gobierno autónomo y el central. Esa sentencia fue fruto de un recurso contra los límites de la demarcación del Júcar, que aún no están definidos a causa de este conflicto competencial y jurídico. Según el fallo, el Ejecutivo de Francisco Camps debe hacerse cargo de las comarcas de la Marina y L’Alacantí, entre otras. Esta segunda es la más vulnerable y recibe aportaciones del Trasvase para los abastecimientos y regadíos. Las necesidades de la población están cubiertas por Canales del Taibilla.

La Comunidad Valenciana estaría dispuesta a asumir las competencias si el Ministerio le garantiza además recursos del Trasvase Júcar-Vinalopó, y no sólo de la desalación. El caso es que aquella sentencia del Supremo ha traído consecuencias y puede arrastrar ahora a la cuenca del Segura.

El territorio del Segura, por su parte, tiene perfectamente delimitada una cuenca interna ajena a la influencia del río y que se alimenta con las escorrentías de la rambla del Albujón y los recursos de la lluvia que vierten hacia el mar. Paradójicamente, es la zona turística y agrícola más potente y se nutre en su mayor parte con los desembalses que llegan de la cabecera del Tajo. El Gobierno murciano siempre se ha negado a hacerse cargo de esta zona por su elevada dependencia del Trasvase Tajo-Segura, por lo que insiste en mantener la unidad de cuenca y dejar que la planificación siga en manos del Estado.

De entrada, el Ministerio de Medio Ambiente es partidario de mantener el statu quo, hasta el punto de que hace tres años publicó un decreto en el que permanece como está el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura. Pero en la letra pequeña, no obstante, se establece un periodo transitorio según el cual la planificación se hará conjuntamente hasta que no se cedan las cuencas internas.

Castilla-La Mancha ha irrumpido exigiendo que se cumpla la doctrina del Supremo en el Segura y se disgregue la zona comprendida por el Campo de Cartagena, Mazarrón y Águilas. Detrás de este recurso está el intento del Ejecutivo de Toledo de ganar peso en la nueva demarcación del Segura, en la que se reduciría considerablemente el territorio de Murcia y se mantendría intacto el de Albacete. De esta forma, los representantes castellano manchegos tendrían más peso en los nuevos órganos de gobierno a la hora de decidir el reparto y administración del agua, tanto de los recursos propios como los que proceden del Tajo.

Zonas del Trasvase

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente consultadas por ‘La Verdad’ creen que el Trasvase Tajo-Segura quedará al margen de esta polémica porque se regula aparte. Sostienen que seguirá funcionando igual tanto si hay una como dos cuencas. Opinan que la forma de resolver este conflicto consistiría en la creación de una demarcación mixta de dos cuencas: una intercomunitaria (río Segura) y otra intracomunitaria (al sur del Puerto de la Cadena). Puntualizan que la Directiva Marco de Agua de la UE permite esta fórmula.

La disgregación del cuenca de Segura puede acarrear importantes consecuencias económicas si se altera el sistema de suministro de agua, ya que los cultivos del Campo de Cartagena se abastecen principalmente con agua del Trasvase. El Ministerio tiene una desalinizadora en Valdelentisco, y construye otras dos en Águilas y Torrevieja, para el uso conjunto de abastecimientos y de regadíos.