El portavoz de Medioambiente, Urbanismo y Agua del grupo parlamentario socialista en la Corts, Adolf Sanmartín, preguntó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si «le ha pedido permiso» a la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, para firmar la Declaración Institucional de la Generalitat que reclamar la ejecución del trasvase del Ebro.
«Seguro que se ha asegurado de contar con el beneplácito de De Cospedal antes de dar su apoyo a un texto sobre agua», indicó en un comunicado Sanmartí, quien consideró que el presidente del Consell no «es nadie para su partido en lo que a defensa de políticas hídricas se refiere».
En este sentido, señaló que el jefe del Consell «está a la sombra de las directrices de lo que marque la secretaria general de los ‘populares'» y recalcó que «si Camps ha participado en dicho texto lo habrá hecho después de haber consultado la opinión de De Cospedal».
Asimismo, le recordó al conseller de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, que los últimos cuatro años del Gobierno presidido por José María Aznar, entre 2000 y 2003, «supusieron una inversión en agua de 241 millones de euros en la Comunitat Valenciana».
Frente a esta cifra, Sanmartín puntualizó que los últimos cuatro años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2006 y 2009, «han supuesto 1.165 millones de euros». «Por cada euro invertido por Aznar, Zapatero lleva invertidos seis», puntualizó.
«Al PP de la Comunitat Valenciana solamente le importa el agua para enfrentar a unas comunidades autónomas con otras y, principalmente, a unos valencianos con otros», denunció. Además, consideró que «lo que deben hacer Cotino y Camps es ponerse a trabajar seriamente en el tema del agua y, sobre todo, dejarla de utilizar como elemento de confrontación». «Ya basta», reclamó el dirigente socialista.
El diputado autonómico incidió en que, «con iniciativas como la de la firma de esta declaración institucional, el PP vuelve a recurrir a los temas de su agenda del pasado para intentar tapar el caso Gürtel y crear una nueva cortina de humo».
«Aquí el único que castiga a la Comunitat Valenciana es Camps, porque todavía no ha implantado el Fondo de Cooperación Local y porque debe a los ayuntamientos valencianos más de 3.000 millones de euros, sólo en deuda histórica», denunció.
TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ
Para el responsable de Medio Ambiente en las Corts, «mientras las obras del trasvase Júcar-Vinalopó ya casi están finalizadas en su totalidad por parte del Gobierno central, con una inversión de120 millones de euros, las obras que le corresponde ejecutar a la Generalitat apenas se han iniciado». Al respecto, comentó que estos trabajos, «que tienen un importe de 30 millones de euros», son los del post-trasvase y abarcan desde la balsa de San Diego en Villena hasta las explotaciones agrarias.
Adolf Sanmartín criticó que «en vez de participar en el proceso para obtener un documento con el máximo consenso posible en el tema del agua, el conseller Cotino busca la confrontación». En ese sentido, detalló que, según la transposición de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, cada demarcación debe preparar un documento, conocido como Esquema de Temas Importantes, (ETI) que es el fundamento del plan de cuenca.
«El ETI se somete a información publica durante 6 meses (en el Júcar ese periodo termina el 18 de junio) y tras ese periodo de información se estudiarán las alegaciones recibidas y se considerará cada una de ellas», explicó el parlamentario del PSPV.
Finalmente, señaló que uno de lo objetivos del trasvase Júcar-Vinalopó es «sustituir las extracciones del acuífero Vinalopó-Alacantí, hasta la cantidad que sea posible, y conseguir disminuir su sobreexplotación».
«Como debe ser lógico, la propuesta del plan de cuenca del Júcar recoge la necesidad de atender esa sobreexplotación, proponiendo la clausura de los pozos que deben declararse sobreexplotados, y sustituyéndolos por caudales a abastecer desde la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó, que es uno de los objetivos de la obra», añadió.
De esta manera, destacó, el resultado es que «las explotaciones podrán mantenerse, siempre que el propietario siga estando interesado, pero los caudales vendrán del trasvase y no de esquilmar el acuífero tradicional». «No desaparece, por tanto, ningún regadío ni ninguna hectárea», concluyó el dirigente socialista.
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