Los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha contra los trasvases de agua del Tajo al Segura carecen de toda consistencia, las demandas se presentan de forma sistemática, se copian las argumentaciones y resultan temerarios. El Tribunal Supremo ha lanzado otro reproche a la táctica del Ejecutivo de José María Barreda de oponerse judicialmente a todos los desembalses de agua, según figura en la última sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que acaba de respaldar la legalidad de un desembalse de 48,8 hectómetros cúbicos, 11 de ellos para regadíos, que fueron autorizados por el Consejo de Ministros en diciembre de 2007.

El Gobierno castellano manchego sigue perdiendo ante el Tribunal Supremo los recursos que presenta contra los desembalses. En este caso se opuso incluso a la asignación trimestral que debía llegar a dos millones de habitantes de Murcia, Almería, Albacete y Alicante. El alto tribunal deja traslucir su malestar ante la insistencia de los recursos, condenando a los demandantes al pago de las costas, que ha fijado en 3.000 euros.

La misma Sala, en una sentencia anterior que respaldó otro trasvase, dio un toque al Gobierno de Castilla-La Mancha al reprocharle que utiliza razones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los envíos de agua. En esta ocasión le advierte de que en materia de costas procesales «la actuación de la parte demandante debe considerarse temeraria». «En efecto, la actuación procesal de la Administración autonómica denota un decidido propósito de impugnar de manera sistemática todo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decida un trasvase de aguas de la cabecera del Tajo, limitándose en la demanda a reproducir miméticamente las mismas alegaciones, carentes de toda consistencia, ya formuladas por esta Sala en ocasiones anteriores», indica la sentencia a la que ha tenido acceso ‘La Verdad’.