El Ministerio de Medio Ambiente hará todo lo posible para que todos los nuevos planes de cuenca se aprueben con celeridad, pero con la excepción de los del Tajo, Júcar y Segura, que se quedarán para el final debido a su complejidad. Incluso pueden quedar aplazados. Por un lado hay que casar las necesidades del Tajo y del Segura, con el Trasvase de por medio, lo cual está generando más tensiones en ambos territorios. En el caso del Júcar, aún está pendiente que se delimite su demarcación. Técnicamente, es el más retrasado. Junto a estas consideraciones están las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, que pueden suponer un serio obstáculo para la aprobación de estos planes.
Los condicionantes políticos que pueden surgir se unen al hecho de que el Gobierno central no parece dispuesto a azuzar de nuevo el avispero territorial del agua. Además, existe un plazo de tiempo muy ajustado para aprobar estos planes antes de que finalice el año. De hecho, los documentos saltarán al año que viene porque la ley obliga a que el borrador se someta a un periodo de información pública de seis meses antes de ser aprobado definitivamente.
Previamente, no obstante, se debe constituir el nuevo consejo del agua de cada una de las demarcaciones, el cual deberá informar con antelación de todas las alegaciones presentadas hasta la fecha y realizar una propuesta. La constitución de este consejo puede ir para largo. Para salir del paso, el Ministerio de Medio Ambiente se propone aprobar un decreto provisional para que puedan informar los consejeros actuales.
Peleas territoriales
Por encima de estas consideraciones políticas y administrativas están las dificultades objetivas de encajar los planes del Tajo y del Segura. El primero opta por modificar las reglas de explotación del Trasvase y reducir los caudales trasvasables. El del Segura, por su parte, reclama la dotación completa de 600 hectómetros cúbicos anuales del Tajo. Así las cosas, el Ministerio no tiene prisas con los planes más polémicos y los dejará para el final, pese a la advertencia de la Comisión Europea a España de una sanción por el retraso de estos planes, que debían estar aprobados el año pasado.
Estos planes pueden ser incluso suspendidos o aplazados hasta un momento más propicio políticamente. Serían prorrogados si la Directiva Marco lo permite, con lo cual se evitaría otra pelea entre regiones