El Gobierno no ha resuelto todavía el conflicto abierto entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana por la delimitación geográfica de la Demarcación del Júcar, lo que mantiene paralizado el Plan Hidrológico del Júcar, cuyo notorio retraso amenaza con provocar sanciones europeas.
Según la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos deberían haber sido sometidos a información pública antes de diciembre de 2008 y presentados a Bruselas antes del 22 de marzo pasado.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha elaborado el Esquema de Temas Importantes, ETI, y lo ha sometido a consultas entre los afectados, aunque este documento es sólo el embrión de lo que debería ser el plan de cuenca. Fuentes de la CHJ aseguraron que están procesando toda la información recibida y sistematizándola, aunque no hay fecha para cerrar el documento.
Castilla-La Mancha acusa a la Generalitat Valenciana de no querer asumir sus competencias sobre las cuencas internas valencianas, pese a que lo contempla la reforma del Estatut de Autonomía y la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras, el Gobierno valenciano considera una «barbaridad» las divisiones establecidas en algunos sistemas de explotación, en especial en el del Vinalopó-L’Alacantí, actualmente juntos, y que el Gobierno quiere desgajar.
Tampoco se acepta del lado valenciano que Castilla-La Mancha niegue la existencia de una conexión natural entre el Júcar y La Albufera, a la que en algún documento de la comunidad vecina se le califica de «trasvase».
Además, la Generalitat Valenciana pretende que el Gobierno reconozca la existencia de «Cuencas Internas Endorreícas» -amplias zonas sin salida por cauce definido para el agua superficial-, mientras oficialmente en Castilla-La Mancha no se quiere activar la competencia sobre estas zonas que consideran «irrelevantes» y que tendría que gestionar desgajándolas del Júcar.
La Confederación Hidrográfica del Júcar podría dar luz verde técnicamente al ETI, elaborado sobre los mismos sistemas de explotación que contempla el actual Plan Hidrológico del Júcar, aunque su aprobación definitiva requiere del dictamen de un inexistente Consejo de Cuenca que no se puede formar en tanto no esté delimitada la cuenca y sus representantes.
En este contexto no existe, según fuentes consultadas por este periódico una negociación «de fondo» para aproximar posturas entre los gobiernos regionales y el gobierno central. El Ministerio de Medio Ambiente puede aprobar por decreto la delimitación de la cuenca y, aunque sería recurrible en los tribunales, permitiría crear los órganos consultivos y de gobierno de la demarcación del Júcar y aprobar el contenido del plan de acuerdo a los planteamientos insinuados en el ETI.
Respecto a la negativa de Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana a asumir competencias hídricas sobre sus cuencas internas, no habría ningún obstáculo legal a que la CHJ siguiera con la gestión en tanto no se produzca el traspaso de competencias.
La Comisión Europea ha enviado un primer apercibimiento a España, por no haber presentado en plazo los planes hidrológicos de Cuenca. Además de España han sido apercibidos Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.
