Los regantes advierten de que se trata de un estudio técnico para mejorar el funcionamiento del canal, aunque estarán alerta
El Gobierno central ‘recompensa’ a Barreda y abre un proceso para revisar las reglas de explotación del Tajo-Segura
Los regantes y Barreda veían el jueves satisfechas sus peticiones
No fue un trágala, pero sí una sorpresa para los regantes. La representante de Castilla-La Mancha en la Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura puso sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas del Trasvase. No se trata de cambiar la ley, sino de cuestionar el manual que se ha utilizado hasta ahora para autorizar los desembalses y transportar el agua desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura. Obviamente, el asunto se ha cocinado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de José María Barreda, quien ese mismo jueves exhibió el trofeo que había conseguido: cambiar las reglas de explotación para frenar la voracidad hídrica del Sureste. Lo que no había logrado en el Congreso con su Estatuto de Autonomía, lo podría obtener ahora, aunque sin rango de ley, por la vía administrativa.
Al mismo tiempo, Barreda conseguía que quedara en un segundo plano la autorización de uno de los mayores desembalses del Tajo al Segura en los 31 años de funcionamiento del acueducto: 230 hectómetros repartidos en seis meses para los regadíos, que se soltarán de Entrepeñas y Buendía de acuerdo con una planificación bisemanal de necesidades establecida entre las confederaciones del Segura y el Tajo. De esta forma, el agua asignada al Sureste queda almacenada más tiempo en los embalses de cabecera -para sus fines turístico y de ocio- en lugar de ser transportada de una tacada, como ha publicado ‘La Verdad.’ Conviene precisar que esos 230 hectómetros se quedarán finalmente en 180 efectivos, ya que hay que restar los caudales aún no consumidos del desembalse aprobado en Semana Santa.
Así que, una cosa por la otra, los regantes y Barreda veían el jueves satisfechas sus peticiones, según el prisma del Ministerio. La revisión de las reglas de explotación es la moneda de cambio a la nueva derivación de agua. Y esa revisión, como apunta José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes, se plantea precisamente cuando hay más recursos almacenados en el sistema y menos problemas para su distribución. ¿Por qué no se revisaron las reglas en los años de feroz sequía? Claver considera inevitable que el presidente de Castilla-La Mancha se esté apuntando un tanto político en su región sobre un trámite administrativo que a la postre, según éste, no debe afectar al funcionamiento del acueducto. Pero el mensaje del Gobierno castellano-manchego ya estaba calando. El jueves, Claver fue entrevistado por la SER de Cuenca y la primera pregunta que le hicieron se refirió al triunfo de Castilla-La Mancha por cambiar las reglas de explotación.
«En la reunión de la Comisión no nos opusimos a la revisión de unas reglas que llevan 13 años de funcionamiento porque no tenemos nada que ocultar, y dejamos bien claro que debe hacerse con criterios técnicos y no políticos. Lo que se acordó fue iniciar un estudio de esas reglas, que siempre han sido orientativas», explica Claver. Para éste, la ley del Plan de Cuenca del Tajo no cambia, ni tampoco el nivel mínimo no trasvasable de 240 hectómetros. ¿Qué puede cambiar entonces? Podría afectar a los escenarios sobre los que operan dichas reglas, que actualmente son cuatro.
En el nivel uno, en el que nos encontramos, se autoriza el máximo trasvasable anual de 600 hectómetros. Se cumple siempre que las aportaciones de un año en Entrepeñas y Buendía superan los 1.000 hectómetros, o bien cuando ambos embalses almacenan más de 1.500. En el segundo nivel se reducen los desembalses de acuerdo con las existencias de cada mes y son decididos por la Comisión de Explotación. En el tercer nivel, de excepcionalidad, los caudales almacenados oscilan entre los 490 y 520 hectómetros y la autorización depende del Consejo de Ministros. El último nivel impide cualquier desembalse porque no se superan los 240.
En teoría, se pretende cambiar este protocolo a requerimiento de Castilla-La Mancha, pero Claver advierte de que se trata de un proceso administrativo muy largo en el que no se sabe qué va a salir ni cómo se va a realizar. Deben participar todas las instancias implicadas, incluidos los usuarios, y expertos del CEDEX. «Si hay algo que no funciona bien o que se puede mejorar, estamos dispuestos a que se analice, aunque nos sorprende que ahora le den tanta importancia a las reglas de explotación cuando se las han saltando un montón de veces a la torera». El dirigente de los regantes advierte de que estarán vigilantes para impedir que ese estudio derive en un ataque al acueducto. «Barreda está vendiendo su producto, pero lo que se aprobó no cambia el Trasvase», recalca. Claver subraya que por encima de todo permanecen las leyes del Trasvase y el Plan de Cuenca del Tajo.