a decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar las negociaciones para modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura ha devuelto a la actualidad los intentos del gobierno de Castilla-La Mancha por blindar el agua del Tajo, máxime cuando la herida de la retirada del Estatuto que incluída la fecha de caducidad de la transferencia de agua se cerró en falso. La aprobación la semana pasada de un trasvase de 230 hm3 para riego hasta diciembre ha desvelado, por otro lado, ese cambio de pauta que quiere incorporar el Ministerio con el beneplácito el gobierno castellano-manchego y que hipotecaría el futuro del trasvase.
Los regantes alicantinos han reaccionado con cautela por entender que por encima de la modificación de las normas de explotación está la ley de la propia canalización. Legislación que ya establece una serie de condiciones para la llegada de los caudales: reserva de 240 hm3 a partir de la cual no se puede enviar una gota o, entre otras, que debe ser el Consejo de Ministros quien autorice las transferencias cuando el caudal almacenado en Entrepeñas y Buendía (arranque del trasvase) está entre los 490 y los 520 hm3.
La ley también señala, por otro lado, que si la reserva está por encima de los 1.000 hm3 (año hidrológico actual), Alicante y Murcia tienen derecho a recibir 600 hm3, extremo que no se ha cumplido nunca. De momento, en Castilla-La Mancha se frotan las manos porque entienden que las nuevas normas de explotación del trasvase obligarán a que antes de decidir la cantidad de agua que se envía al Segura la cuenca receptora deberá justificar con estudios por qué necesita el caudal. Mientras, éste no saldrá de los embalses de Castilla-La Mancha.
Un portavoz autorizado de los regantes alicantinos -casi 59.000 hectáreas que deben recibir todos los años 125 hm3- señaló ayer, en este sentido, que «no tenemos ningún miedo al cambio de las normas de explotación siempre que el tema quede en manos de los técnicos y no de los políticos. Nosotros necesitamos el agua para regar y cuando la pedimos estamos cargados de razones. Si hay que hacer estudios se harán», subrayó Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante, la principal comunidad de regantes de España con 20.000 comuneros.
La Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura acordó la semana pasada someter a estudio la revisión de las normas de explotación que rigen el trasvase del Tajo-Segura. Se acordó dado aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo correspondiente a las demandas solicitadas para los diferentes usos. El volumen de agua disponible se mantendrá en la cabecera del Tajo y se trasvasará en función de la demanda real. Las demandas se programarán quincenalmente y se servirán en función de esas demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori.
Medio Ambiente realizará un seguimiento técnico de control para atender las demandas «de manera motivada y razonada», algo que considera un triunfo el Gobierno de Castilla-La Mancha.