Los primeros argumentos en los que se basa la desestimación del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Consell al Estatut de Cataluña ya se van conociendo. Por áreas, el tribunal considera que ninguna competencia estatal en materia de recursos hidráulicos supracomunitarios resulta «invadida» por la gestión que el Estatuto de Cataluña establece sobre las aguas del río Ebro, por lo que no existe «vulneración ni menoscabo» de derechos de otras regiones como la Comunidad Valenciana.
La sentencia que se dio a conocer ayer íntegramente contesta así al recurso del Ejecutivo valenciano sobre el artículo 117.4 del Estatut, que atribuye al Gobierno catalán la capacidad de «emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial». El TC considera que este informe es «preceptivo pero no vinculante», por lo que se establece un «razonable mecanismo de colaboración entre Cataluña y el resto del España que se compadece con el principio de cooperación».
Otro de los aspectos del Estatut que recurrió la Generalitat es el relativo a la financiación, en capítulos como la Agencia Tributaria de Cataluña. La sentencia, por contra, establece que no se vulnera la distribución de competencias y los principios de solidaridad y redistribución de la riqueza consagrados en la Constitución.
Votos particulares
En este caso, sí se produjeron cuatro votos particulares discrepantes, correspondientes a los magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata. Entre las argumentaciones de estos magistrados destaca que Cataluña «no debe tener» una financiación diferente al resto de comunidades autónomas.
También rechazan que Cataluña tenga «capacidad normativa completa» sobre los tributos estatales cedidos a través de una norma estatutaria y no por ley del Estado, porque los convierte en tributos autonómicos y hace «irreversible» la cesión, con lo que se produce un «desapoderamiento del Estado en materia de Hacienda general». El Consell, probablemente, esgrimirá los votos particulares para fundamentar su recurso.