La política del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir sistemáticamente los desembalses de agua del Tajo al Segura hace que no se distingan churras de merinas y de que el Gobierno de José María Barreda se oponga incluso a un envío de agua para atender a la población. Así ha ocurrido, pese a la consigna de que nunca se negaría agua para beber. El Tribunal Supremo (sección quita de la Sala de lo Contencioso Administrativo) acaba de rechazar otro recurso de Castilla-La Mancha contra un trasvase de 39 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros para el abastecimiento humano (36 para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 3 para Galasa, en Almería). Este desembalse se decidió el 28 de marzo de 2008, en una dura sequía que también afectó a los embalses de Entrepeñas y Buendía, que en aquella fecha almacenaban 279 hectómetros, 39 de los cuales se consideraban excedentarios.

Los servicios jurídicos castellano manchegos no recurrieron por este motivo, sino que sostuvieron que el envío se hizo sin que se realizara una evaluación de impacto ambiental, según recoge la legislación de esta Comunidad. Los magistrados recuerdan que, de forma reiterada, vienen declarando que esta norma autonómica no se puede aplicar a los trasvases entre cuencas intercomunitarias, donde funciona el acueducto Tajo-Segura.

Al hilo de esta consideración, subrayan que existe un diseño competencial en materia de aguas fijado en la Constitución. Apuntan que la exigencia de realizar una evaluación ambiental de los trasvases «sólo puede hacerse conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias», dice la sentencia del Supremo. Los recurrentes deben pagar las costas.

Al recurso de Castilla-La Mancha contestaron el abogado del Estado, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Fuentes de los regantes indicaron ayer que la sentencia deja clara las competencias estatales en materia de aguas y pone coto a las interferencias de las leyes autonómicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha ganado un recurso contra los trasvases. El hecho de que apele también contra los envíos de agua para la población obedece a las críticas de esta Comunidad de que no existe control sobre el destino final del agua en el Segura, donde señalan que proliferan los campos de golf y las urbanizaciones.

Esta última sentencia se suma a otras anteriores donde el Tribunal Supremo hizo varios reproches al Gobierno de Castilla-La Mancha. En uno de ellos, los magistrados mostraron su cansancio por el rechazo «sistemático» a los trasvases, y denunciaron que los recursos se repetían de forma «temeraria» y sin consistencia legal. En otra ocasión, el alto tribunal criticó que se utilicen razones políticas contra el trasvase, las cuales deben quedar al margen de los tribunales.

Baja el consumo

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha cerrado el año hidrológico con una caída del consumo en torno al seis por ciento, manteniendo así la tendencia de los tres últimos años, según ha señalado un responsable de este organismo.

Los 79 municipios a los que abastece la Mancomunidad en Murcia, Alicante y Albacete consumieron 226 hectómetros en 2006-2007. Desde entonces, el consumo ha ido decreciendo hasta llegar a los 204 hectómetros de este año, informa Efe.

La reducción del consumo y el mayor aporte de agua de lluvia han motivado, además, que se tenga que producir y utilizar menos cantidad de agua desalada. En total se han utilizado 60 hectómetros cúbicos de este recurso procedente de las plantas de desalación, lo que representa un 20 por ciento menos que el año anterior, como ha publicado ‘La Verdad.’