El Tribunal Supremo (sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo) acaba de rechazar un recurso de Castilla-La Mancha contra un trasvase de 39 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros para el abastecimiento humano (36 para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 3 para Galasa, en Almería).

Este desembalse se decidió el 28 de marzo de 2008, en una dura sequía que también afectó a los embalses de Entrepeñas y Buendía, que aquellos momentos almacenaban 279 hectómetros, 39 de los cuales se consideraban excedentarios.

Los servicios jurídicos castellano manchegos no recurrieron por este motivo, sino que sostuvieron que el envío se hizo sin que se realizara una evaluación de impacto ambiental, según recoge la legislación de esta Comunidad.

Los magistrados recuerdan que, de forma reiterada, vienen declarando que esta norma autonómica no se puede aplicar a los trasvases entre cuencas intercomunitarias, donde funciona el acueducto Tajo-Segura.

Constitución

Al hilo de esta consideración, subrayan que existe un diseño competencial en materia de aguas fijado en al Constitución. Apuntan que la exigencia de realizar una evaluación ambiental de los trasvases «sólo puede hacerse conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias», dice la sentencia del Supremo.

Los recurrentes deben pagar las costas. Al recurso de Castilla-La Mancha contestaron el abogado del Estado, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Fuentes de los regantes indicaron ayer que la sentencia deja clara las competencias estatales en materia de aguas y pone coto a las interferencias de las leyes autonómicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha ganado un recurso contra los trasvases. El hecho de apelar también contra los envíos de agua para abastecimiento de la población obedece a las críticas de esta Comunidad autónoma de que no existe control sobre el destino final del agua en la cuenca del Segura, donde señalan que proliferan los campos de golf y las urbanizaciones.