Durante su visita a las desaladoras de San Pedro del Pinatar, a principios de 2007, el presidente Rodríguez Zapatero proclamó que lo mejor para la Región de Murcia y el sur de Alicante es que tengan «autonomía» de agua para no depender de otras regiones. Esa independencia la iba a proporcionar la producción industrial de agua dulce. La realidad es distinta y se vuelve al principio: faltan más recursos del exterior.
Gran parte de las explotaciones agrarias no pueden pagar el agua desalada debido a su elevado coste, ni aunque el Estado ponga un precio político para subvencionar más de un 30% de la tarifa. El Trasvase Tajo-Segura no garantiza todo el caudal que necesitan los regadíos del Segura, por lo que es necesario construir nuevos acueductos desde la cuenca del Tajo o desde otros ríos. Además, el Programa Agua que dejó Cristina Narbona sólo «paliará en parte» el problema y «deben contemplarse medidas adicionales».
Esta insuficiencia de agua ha provocado un aumento desorbitado del uso de pozos causando graves problemas de sobreexplotación y daños medioambientales al caudal circulante del río Segura. Este cúmulo de factores negativos, así enunciado, suena a cosas ya sabidas, pero la novedad es que lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente a través del nuevo plan de cuenca del Segura que elabora la Confederación Hidrográfica.
El Esquema de Temas Importantes, que es la radiografía al detalle de la cuenca del Segura, pone negro sobre blanco que la situación actual no puede mantenerse en las 126.505 hectáreas de los regadíos que dependen del Trasvase sin que se causen serios daños al territorio. Considera que el canal Tajo-Segura «es esencial tanto para el abastecimiento del Sureste español como para el regadío asociado», que representa la zona agrícola más rentable. Cerca del 35% de los recursos hídricos que precisa toda la demarcación hidrográfica tienen su origen en la cuenca del Tajo. Al mismo tiempo, los técnicos que están redactando el nuevo plan indican que la desaladoras del Programa Agua que hay en construcción «paliarán en parte la insuficiente garantía de los recursos trasvasados desde el Tajo, por lo que deben contemplarse medidas adicionales».
La ley autoriza la transferencia de 400 millones metros cúbicos anuales máximos en destino para los regadíos, una vez descontadas las pérdidas, más otros 140 para los abastecimientos. En estos años ha quedado demostrado que la cabecera del Tajo no puede satisfacer estas demandas porque no dispone de reservas suficientes, ya que en periodos de escasez sufre igual que el Segura, aunque a efectos nominales almacene más agua. En los últimos quince años los envíos de caudales han sido de 392 millones de metros cúbicos de media, de los que 252 han ido a los regadíos. Es decir muy por debajo del volumen potencial de 400 millones anuales.
Esto significa un aumento del déficit medio interanual de 130 millones para estos regadíos del Segura, tal y como recoge el nuevo plan de cuenca, que se ha ido supliendo con extracciones masivas de agua de pozos.
La Confederación plantea varias fórmulas para resolver la situación, que afecta directamente al Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRATS), como es incrementar significativamente la producción de agua desalada, potenciar los bancos de agua mediante la compra de derechos en otros territorios o «ejecutar nuevas transferencias del Tajo u otros ríos» que complementen al acueducto actual. En este punto, la oficina de planificación señala que las nuevas infraestructuras de captación en la cuenca cedente o los nuevos trasvases excede su ámbito de competencias y corresponde al Plan Hidrológico Nacional. No menciona ninguna alternativa, pero en la mente de todos está el trasvase del Tajo Medio desde Valdecañas, en Cáceres.
Posible situación de bloqueo
De entrada, será difícil satisfacer los intereses de las cuencas del Segura y del Tajo, ya que en esta última no están por la labor de mantener el funcionamiento del Trasvase tal y como se conoce hasta ahora. Muchos colectivos del territorio del Tajo proponen abiertamente una reducción del agua que se envía para regar los campos de Murcia y Alicante, al tiempo que exigen mayor caudal ambiental en el río cedente. Es muy probable que se llegue a una situación de bloqueo que haga imposible aprobar los nuevos planes de estas dos cuencas y que se prorroguen los actuales.
Para empeorar la situación, desde el prisma de la Región de Murcia, los técnicos están convencidos de que el problema de agravará debido al efecto del cambio climático en la cabecera del Tajo, ya que se prevé una reducción de al menos un 7% de sus aportaciones y reservas. Si este coeficiente se traslada al agua almacenada hoy en los embalses de Entrepeñas y Buendía, significaría una merma de casi 100 millones de metros cúbicos anuales.
Otra de las soluciones estudiadas con más detalle consiste en recurrir a la desalación, incrementando la capacidad de producción. La Confederación Hidrográfica apunta un detalle no del todo conocido y no del agrado de los regantes, puesto que advierte de que la desalación «implica la necesidad de adquirir de forma constante los recursos obtenidos por parte del regante, ya que la producción de la desalinizadora no puede variarse de un año para otro de acuerdo con las necesidades de los regantes».
Este aviso va en contra de lo que anunció Acuamed en el año 2004, cuando puso en marcha el programa de desalinización masiva. En aquel momento, los responsables de este organismo ministerial dijeron que iban a proporcionar agua a la carta, y que en función de las necesidades que tuvieran los regantes se produciría más o menos cada año.
