La Fundación para Estudios sobre la Energía se creó con la participación de las escuelas de ingenieros de la UPM y de diferentes organismos de la Administración del Estado relacionados con la energía (el CIEMAT, el IDAE y la Comisión Nacional de la Energía). Es un foro de encuentro de profesionales que está efectuando evaluaciones y estudios con plena independencia de los intereses mercantiles concurrentes en un sector que tiene planteados, en nuestro país y en el mundo, una serie de desafíos a los que hay que dar respuesta.
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Habría que prolongar la vida de las nucleares y sustituir algunas de las centrales de carbón
La competitividad de la economía requiere un sistema eléctrico más eficiente y menos costoso
Con su actuación la fundación pretende poner a disposición de la sociedad y de la Administración Pública un conjunto de ideas y propuestas que ayuden a fundamentar las decisiones políticas y empresariales. Para ello se ha dotado de un Consejo Asesor, formado por personalidades de la política energética española y especialistas del sector, que ha debatido sobre diversos temas de actualidad para propiciar un debate informado sobre temas energéticos de importancia estratégica.
Entre dichos temas ha analizado el futuro del suministro eléctrico, en España, donde el precio de la electricidad es crecientemente más elevado que en la UE, especialmente para el sector industrial. La competitividad de la economía española requiere por ello un sistema eléctrico más eficiente, en el que se reduzcan los costes del suministro y se establezcan los incentivos apropiados para que el desarrollo del parque eléctrico y de las redes de transporte y distribución se haga con el menor coste posible, teniendo en consideración las restricciones medioambientales y atendiendo a la seguridad de suministro.
Como resultado de dicho debate, el consejo asesor de la fundación ha remitido al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, las siguientes propuestas que se consideran esenciales para avanzar hacia un suministro eléctrico más eficiente, seguro y sostenible con una sólida base regulatoria y tecnológica.
1. Cambiar el modelo de desarrollo del sistema eléctrico, puesto que el resultante de la extrapolación de las tendencias actuales sería insostenible en 2030, desde las siguientes perspectivas:
-Seguridad del suministro, el 53% de la electricidad se produciría con gas.
-Impacto medioambiental, 124 millones de toneladas de CO2 emitido, el doble que en 1990.
-La duplicación de las energías renovables para cumplir con el objetivo de la UE del 20% en 2020 requeriría, si se mantuviera el actual sistema de primas, unos precios muy altos para los consumidores e industrias. Además, se necesitarían nuevas instalaciones en potencia de respaldo con reducida utilización, que difícilmente se desarrollarán en el entorno regulatorio actual.
2. Aplicar políticas de gestión de demanda, dirigidas a reducir el consumo en las horas punta y a aumentarlo en las horas valle, utilizando el bombeo de agua y la recarga de vehículos eléctricos.
3. Fomentar un parque con suficiente potencia firme, que reduzca la dependencia del gas y disminuya las emisiones de CO2, mediante:
-Aumento de la capacidad de bombeo para disponer de energía hidráulica firme en las horas punta.
-Prolongación de la vida de las actuales centrales nucleares mientras se mantengan los niveles de seguridad adecuados.
-Análisis de los beneficios y costes de incorporar al parque eléctrico en el futuro nuevos grupos nucleares.
-Sustitución de una parte de las actuales centrales de carbón por otras más eficientes y con captura del CO2.
4. Maximizar la participación posible de las energías renovables asegurando su integración en el sistema eléctrico y la reducción de su coste, lo cual exigirá un nuevo modelo de promoción, con los siguientes objetivos:
-Una mayor integración en el sistema, a través de la gestión de la demanda, el aumento de las interconexiones internacionales y la disponibilidad de potencia firme de respaldo.
-La reducción de los costes de generación de estas energías hasta aproximarlos a los costes totales de las convencionales, incluidas las externalidades asociadas a las emisiones de CO2.
-El apoyo al desarrollo tecnológico de plantas y programas de demostración para adaptar la incorporación de cada tecnología a su propia curva de reducción de costes antes de subvencionar su implantación masiva.
-La sustitución del sistema actual de autorizaciones, basado en el orden de llegada, por concursos-subasta para las diferentes tecnologías, en que las ofertas se seleccionen en función de su precio e innovación tecnológica.
5. Apostar decididamente por una política energética tecnológicamente ambiciosa y con proyección industrial, que apoye con recursos públicos los proyectos de I+D+i planteados por empresas y entidades del sector energético e industrial, principalmente en las áreas siguientes:
-Reducción de costes y mejora de gestionabilidad de la generación de electricidad con energías renovables, especialmente de la solar.
-Identificación y desarrollo de estructuras geológicas para el confinamiento del CO2, puesto que en ninguno de los escenarios alternativos analizados se reducen suficientemente las emisiones de CO2 para llegar a cumplir en 2030 con la directiva de la UE para 2020.
-Almacenamiento de energía: hidráulica, baterías, etcétera.
-Desarrollo de redes eléctricas inteligentes de transporte y distribución.
6. Llevar a cabo un análisis e identificación global de los problemas actuales de diseño y funcionamiento del mercado eléctrico y del marco regulatorio, para formular propuestas coherentes que atendiendo a criterios de eficiencia, equidad y seguridad jurídica den solución al conjunto de los problemas. En concreto parece necesario:
-Una política de precios que refleje los costes incluyendo externalidades para aumentar la eficiencia y desplazar al presupuesto público el apoyo a las tarifas subvencionadas que se consideren necesarias por razones sociales.
-Introducción de competencia efectiva para las nuevas centrales, mediante subastas y, en su caso, otros mecanismos que promuevan fórmulas de remuneración eficientes.
-Una retribución a la extensión de vida útil a las centrales hidroeléctricas y nucleares existentes, que permita que se beneficien de la misma las empresas, los consumidores y los contribuyentes.
-Establecimiento de una retribución para las energías renovables, de acuerdo con el nuevo planteamiento del fomento y procesos de selección antes mencionados.
-Nuevas fórmulas para retribuir las instalaciones de transporte y distribución que, sin encarecer la energía en términos reales, favorezcan el desarrollo de redes capaces de integrar las energías renovables y gestionar de forma más eficiente la demanda.
7. Liderazgo del Ministerio de Industria para definir la política energética y el de Ciencia e Innovación para todo lo que se refiere a la investigación tecnológica en energía. Ambos deberán transmitir a la sociedad que, para garantizar la seguridad de suministro y los compromisos medioambientales al menor coste posible, es necesario modificar el modelo de regulación y desarrollo del sector eléctrico, lo que implica entre otras actuaciones:
-Reforzar el papel de los objetivos energéticos en las decisiones de política tecnológica y en las relaciones internacionales.
-Impulsar que la CNE actúe como motor de mejora del sistema regulatorio y analice conjuntamente con las empresas las modificaciones regulatorias que se consideren necesarias, con la finalidad de identificar y mitigar los problemas asociados a las mismas y evitar riesgos regulatorios.
-Movilizar al conjunto de las Administraciones Públicas para concienciar a la sociedad de que la calidad de vida que genera la electrificación requiere aceptar el despliegue de infraestructuras eléctricas.
-Acordar con las distintas Administraciones la agilización de la tramitación de infraestructuras de interés prioritario, incluyendo fórmulas que aseguren la mitigación de los impactos ambientales.
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JUAN MANUEL KINDELÁN ES EX PRESIDENTE DEL CSN Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS SOBRE LA ENERGÍA. EL ARTÍCULO LO SUSCRIBEN TAMBIÉN LA MAYOR PARTE DEL CONSEJO ASESOR DE LA CITADA FUNDACIÓN: ALBERTO LÓPEZ, EX DIRECTOR GENERAL DE ENRESA; CAYETANO LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CIEMAT; JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-VAL, EX DIRECTOR DE LA ETSII DE LA UPM; EMILIO MENÉNDEZ, EX DIRECTOR DE I+D Y RENOVABLES DE ENDESA; CARMEN MESTRE, EX DIRECTORA GENERAL DE LA ENERGÍA; VICTOR PÉREZ PITA, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGÍA; ALBERTO RAMOS, PROFESOR DE LA ETS DE INGENIEROS DE MINAS DE MADRID; MIGUEL ÁNGEL REMÓN, EX DIRECTOR DE REPSOL EXPLORACIÓN; PALOMA SENDÍN, EX DIRECTORA GENERAL DE MINAS; CARLOS SOLCHAGA, EX MINISTRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA; JAVIER VEGA DE SEOANE, EX DIRECTOR GENERAL DEL INI; ALBERTO CARBAJO, EX DIRECTOR GENERAL DE MINAS; JOSÉ LUÍS DÍAZ FERNÁNDEZ, EX DIRECTOR GENERAL DE REPSOL PETRÓLEO; FELICIANO FUSTER, EX PRESIDENTE DE ENDESA, Y MARTÍN GALLEGO MÁLAGA, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGÍA.