La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha exigido el desarrollo de una Ley Orgánica en materia de aguas que ponga coto definitivamente a «las injerencias de las comunidades autónomas en competencias exclusivas del Estado, cuya titularidad vienen atribuyéndose en estos últimos años a través de reformas estatutarias con articulados más o menos egocéntricos en cuencas intercomunitarias».

El presidente de esta entidad, Andrés del Campo, ha alertado de que la reciente cesión de competencias sobre el Guadalquivir sentó un «mal precedente» para el resto de cuencas de España, las cuales, escudándose en el caso andaluz, se han «extralimitado» en sus derechos, reclamando competencias sobre el agua que pasa por sus territorios, como es el caso de Castilla y León sobre el Duero o de Cataluña y Aragón sobre el Ebro.

Ante esta situación, Del Campo cree necesario zanjar «este grave error político» con una normativa que ponga orden a nivel de todo el Estado.

El presidente de los regantes muestra la creciente preocupación del sector ante la generalización de que los estatutos de autonomía entren a regular como propio «lo que nos pertenece a todos por igual y es competencia exclusiva del Estado».

Advierte por otro lado que se están dando duplicidades administrativas que incrementan el gasto y la confusión, generan situaciones de insolidaridad y absurdas guerras del agua y dan pie a que se que se establezca lo que denomina como «una auténtica sequía estructural por intereses localistas».

Como cada región tiende a señalar su derecho a unos mínimos de caudales por encima de la realidad, la suma de todos esos derechos es superior al agua existente en España, de manera que, al no haber suficiente para satisfacer cada una de las demandas teóricas, sobre el papel hay déficit, y siguiendo ese planteamiento, cada autonomía se negará a ceder a otras caudales que ‘no le sobrarán’.

Del Campo ha apelado a las comunidades de regantes para que «se comporten como una extensión de la administración hidráulica y luchen por evitar esta contaminación política, ya que son las que realizan un uso productivo del agua y soportan los costes de este recurso.