Del mismo modo indicó que la norma recoge que en demarcaciones hidrográficas en las que coexisten más de una cuenca hidrográfica (caso del Júcar y Segura) es necesario que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas que conforman la demarcación. Y en tales casos, los balances de recursos y demandas se han de hacer no por sistemas de explotación, sino por cuenca hidrográfica.
Respecto a las infraestructuras de abastecimiento, cuya gestión asumirá el Gobierno autonómico, explicó que a la entrada en vigor de esta Ley se iniciará el proceso de traspaso a Castilla-La Mancha de la titularidad de todas las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando el Estado, cuya gestión nos corresponda.
El presidente también explicó que dicha norma hace alusión a la lámina estable de agua en los embalses de cabecera, así como a la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos.
La Ley del Agua de Castilla-La Mancha también hace alusión a los llamados «pozos de sequía» (Segura) y para evitar el abuso injustificado de los mismos se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá informe preceptivo de Castilla-La Mancha.
Entre otras cuestiones Barreda se refirió a la prioridad para el abastecimiento del río Júcar en Albacete. Se aprobarán, en el ámbito del Júcar, las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es, en todo caso, el uso prioritario, sin que se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad.
Tras la explicación del contenido de esta norma, José María Barreda agradeció a todos los miembros de la Mesa del Agua, organizaciones agrarias, Cámara de Comercio, Universidad de Castilla-La Mancha, sindicatos, empresarios, la importancia de estar unidos en esta reivindicación y seguir haciendo pedagogía política para que la población tome conciencia de que se trata de un recurso importante para el crecimiento y desarrollo y que «tenemos nuestros derechos y los exigimos».
Barreda señaló que la nueva Ley del Agua de Castilla-La Mancha deberá ser apoyada por todas las fuerzas políticas, ya que aborda una cuestión que «debe estar por encima de los intereses electorales».
Apoyo de la Mesa
Los integrantes de la Mesa del Agua mostraron su apoyo al borrador de la Ley del Agua y coincidieron en la necesidad de que la región tenga garantizada el agua que necesita para su desarrollo.
El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, defendió la oportunidad de que la futura ley sea aprobada en las Cortes generales, al igual que se aprobaron en su momento normas como las del «concierto vasco» o la de la deuda histórica de Andalucía. Fresneda expresó el apoyo de Asaja al borrador de la Ley del Agua «porque la necesita» el medio rural de la región y aseguró que «no es justo que tengamos poco que decir en las confederaciones hidrográficas». En similares términos se expresó la secretaria de UPA de Toledo, Elena Escobar, que aludió a la «situación histórica injusta» que ha tenido la región en materia de agua, para justificar su apoyo al borrador.
COAG-IR destacó en un comunicado que la Ley de Agua es una «manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica» y un «mensaje claro al Gobierno» de que sus derechos en relación con el agua, con el desarrollo y con el medio ambiente, «no están por debajo de los de otras regiones».
También manifestó su apoyo el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, para quien la aprobación de la ley es «un paso imprescindible» para el desarrollo de la comunidad autónoma. El director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, dijo que para que la ley se desarrolle es preciso «ganarnos la complicidad de toda la sociedad».
