Los productores fotovoltaicos podrían perder 178 millones al año

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La AEF estima que la reducción del 30% de horas de producción propuesta supondrá una merma de ingresos en la Región superior a los 533 millones hasta 2013

26.01.11 – 02:56 –

MERCEDES SÁNCHEZ | ALBACETE.

LOS DATOS

24%

es el porcentaje que representa el sector fotovoltaico regional dentro del mapa nacional con una potencia instalada de 849 megawatios.

10.916

es la estimación del número de instalaciones existentes en la Región, según AEF.

18.000

entre 18.000 y 20.000 euros anualmente estiman que podrían perder en un huerto medio si el real decreto se ratifica.

FRANCISCO BELMONTE SOCIO CONSULTORÍA ENERGÉTICA

«Muchas familias tendrán que refinanciar sus créditos y en algunos casos serán los bancos los que se acaben quedando con los proyectos»

Con más de 270 megawatios de potencia instalada, en Albacete muchos de los afectados son agricultores

Se introdujeron en el negocio de la energía fotovoltaica para completar los rendimientos de su trabajo en un sector, el agrícola, sobre el que siempre pende la espada de Damocles, en forma de crisis permanente. Buscaban diversificar riesgos, describe Manuel. Hicieron fuertes inversiones iniciales y pidieron créditos a las oficinas bancarias a pagar en muchos casos en un tiempo no inferior a una década.

La mayoría se embarcaron en la implantación de pequeños huertos solares en sus fincas agrícolas pensando que de cara a un futuro podrían suponer un buen complemento para una jubilación, la de los agricultores, que en la mayoría de los casos no suele ser muy alta.

Jesús no entiende a día de hoy lo que ha sucedido y como un negocio que tenía la «garantía del Estado» puede ahora suponer un riesgo para su economía y para lo que ha construido con el esfuerzo de toda una vida. Como él, Manuel, Herminio y Julián, son otros de los agricultores que, si nada lo remedia y el Gobierno ratifica el real decreto que publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en vísperas de Nochebuena, se verán afectados por un cambio normativo que puede suponer pérdidas económicas cuantiosas.

El real decreto en cuestión reduce con carácter retroactivo un 30% las horas de producción retribuidas con una determinada tarifa desde 2011 a 2013, es decir cambia, sin previo aviso, las reglas del juego que en su momento fijó el Ejecutivo.

Las consecuencias

Y, ¿qué supondrá esa disminución de prácticamente un tercio de horas de producción? La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha echado cuentas, en base a las propias estimaciones del Ministerio de Industria, y cifra en 178 millones de euros la merma anual que tendrán que soportar las instalaciones fotovoltaicas instaladas en la Región.

En todo el periodo que incluye el real decreto, es decir entre 2011 y 2013, la reducción de ingresos a la que tendrían que hacer frente ascendería a unos 533 millones de euros aproximadamente, señalan desde la AEF.

Y aunque el real decreto no establece distinciones advierten que podría perjudicar a unas regiones más que a otras. ¿Por qué? «Porque el real decreto aplica a todas las instalaciones el mismo límite de horas, con independencia de su ubicación, y por tanto, de sus horas medias anuales de radiación. Por ejemplo, el mismo límite aplica para una instalación ubicada en Asturias que para otra ubicada en Albacete, aún cuando Asturias pude tener 450 horas anuales de menor radiación sobre las que tiene Albacete», explican.

Y, ¿eso qué significa? Que la repercusión que este real decreto puede tener en Albacete y la Región posiblemente será mayor que en otras comunidades autónomas. «En términos porcentuales la aplicación de esta medida puede suponer para las instalaciones fotovoltaicas castellano-manchegas una merma de entre el 40 y el 46%», indican desde la Asociación Empresarial Fotovoltaica.

Primera potencia

Castilla-La Mancha, y dentro de ella Albacete, es la primera comunidad en potencia fotovoltaica instalada con 849 megawatios, lo que supone 24% del total del país. La AEF cifra en 10.916 las instalaciones fotovoltaicas existentes en la Región, con una inversión total de 5.635 millones de euros.

A finales de 2010 la provincia de Albacete, según los datos facilitados por la Delegación de la Junta, contaba con 270 megawatios de potencia instalada. Así la provincia aglutinaría más del 30% de la potencia instalada en el conjunto de la Comunidad.

De la importancia de la energía fotovoltaica en la provincia de Albacete da fe Francisco Belmonte, socio de la consultora energética Dyn Energía que asesora, realiza todos los trámites de constitución y el montaje de este tipo de proyectos.

Belmonte conoce a la perfección el real decreto que aguó a más de uno la Nochebuena. Un real decreto que es, tal y como subraya, es el segundo que se publica en el Boletín Oficial del Estado en apenas un año y medio. A estos dos decretos hay que sumar varios más en otro periodo de tiempo similar con anterioridad. Algo que da fe de la incertidumbre legal a la que se enfrenta este sector, tal y como recalca Belmonte. Y es que los que se embarcaron en este negocio no saben bien cuál será su futuro y los que estaban pensando hacerlo, ahora no se atreven.

Algo que Belmonte ve más que lógico. Un proyecto de estas características suele tener una vida útil de unos 30 años y un coste que en el caso de uno de un megawatio de potencia hace tres años, cuando se instalaron gran parte de los existentes, rondaba los 5,5 millones de euros. «Durante los primeros años tal vez el proyecto no dé ningún tipo de liquidez», apunta Belmonte, recordando que es además en esos primeros tiempos cuando se hace la inversión inicial.

Pero lógicamente para poder hacer frente al coste de estos proyectos, que en dos de cada tres casos están impulsados por pequeños inversores entre los que se encuentran muchos agricultores, hay que recurrir a la financiación de los bancos.

Aquellos que, amparados por la política energética del Gobierno que estableció determinadas primas para una determinada producción, se embarcaron en esta aventura lo hicieron, cuenta Belmonte, evaluando los riesgos que podían correr y cómo hacer frente al pago de los créditos solicitados.

La merma ahora de un 30% de las horas de producción retribuidas supondría una merma de un 30% en sus ingresos y por tanto en la inmensa mayoría de los casos obligarán a estos pequeños promotores a renegociar sus créditos y su financiación. Eso en un momento difícil para negociar con el sector financiero.

Belmonte como otros augura ya que esto llevará a que en no pocos casos los propietarios no puedan hacer frente a esas nuevas condiciones crediticias o a que no haya margen de negociación con la entidad bancaria. ¿Consecuencia? «Muchos proyectos fotovoltaicos, como antes los inmobilarios, acabarán en manos de bancos y cajas», augura el consultor energético albaceteño.

Algo que también se temen Jesús, Herminio, Manuel y Julián. Manuel, junto a otros socios, tiene un huerto solar de medio megawatio de potencia en La Gineta. «El decreto prácticamente va a ser nuestra ruina», se queja asegurando que si la norma no se retira, tal y como están reclamando organizaciones nacionales del sector como AEF, ASIF o APPA, en su caso posiblemente tenga que sacar el dinero necesario de lo que vaya obteniendo de su labor agrícola.

Para poner en marcha su parte del huerto, Manuel llegó a hipotecar su finca agrícola con lo que ello le podría suponer ahora. Además sigue pagando a la entidad bancaria que le financió la obra «unos intereses leoninos».

Para Jesús está más que claro lo que ha sucedido. «Creo que nos han engañado porque nos dijeron una cosa y es otra», se lamenta este agricultor que apostó por la fotovoltaica, junto a sus hermanos, para mejorar su jubilación.

El real decreto, dice, sólo deja dos vías posibles para personas como él. «Ahora no tendremos más remedio que renegociar con el banco o que nos embarguen», cuenta airado recordando que él invirtió en base a sus posibilidades y al escenario que el Gobierno dibujaba en aquel momento apostando por este sector.

Las asociaciones fotovoltaicas del país calculan que como ellos en toda España el real decreto afectará a más de 200.000 personas. Muchas de ellas, en la provincia.

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