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Los usuarios del río volverán a reclamar la deuda tras las elecciones después de que los tribunales les hayan dado la razón

28.01.11 – 00:25 –

J. BATISTA | VALENCIA.

En 2001, Usuj y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron el convenio de Alarcón, mediante el cual se reconoció la propiedad de la infraestructura, si bien permitió ceder su explotación al Ministerio. Eso sí, los regantes consiguieron que se estableciera una reserva destinada a los 50.000 usuarios pertenecientes a los riegos tradicionales del Júcar, un reconocimiento a la labor de Usuj en la construcción del pantano.

El convenio permite detraer agua más allá de la citada reserva si se destina a otros usos prioritarios, como el abastecimiento urbano. Eso sí, se puede hacer siempre que se expropien temporalmente los derechos de los regantes, para lo que es necesario pagar la correspondiente indemnización.

Ayuntamientos como Valencia o Puerto de Sagunto tomaron la misma medida que Albacete, con la diferencia de que los Consistorios valencianos sí que pagaron la contraprestación a los regantes.

Las citadas fuentes explicaron que el municipio manchego escudó su impago en el derecho preferente de los abastecimientos urbanos, tal y como argumentaron los representantes del municipio en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Fue una justificación insuficiente para los regantes, que presentaron un recurso ante la justicia ordinaria, que les dio la razón. De momento, Albacete está a la espera de que se resuelva el recurso de casación que presentó contra la sentencia favorable a los regantes, por lo que el impago está pendiente de resolución en el Supremo.

El encuentro de ayer, en el que participaron tanto el secretario general, Juan Valero de Palma, como el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Fortea, sirvió para conocer el siguiente paso que dará la asociación de usuarios, que esperará a que pasen las elecciones municipales de mayo para reclamar al nuevo equipo de gobierno el pago de la indemnización.

Cambiar el estatuto

Además, los regantes han planteado al Gobierno valenciano y a los partidos políticos una modificación del Estatuto de Autonomía en el artículo que hace referencia a que la Generalitat tienen competencias exclusivas en las cuencas intracomunitarias (las que están íntegramente dentro de la geografía valenciana). En la actualidad, su gestión está encomendada a la CHJ, y de hecho, el Gobierno valenciano nunca ha mostrado intención de explotarlas, pues además, suelen ser pobres en recursos.

La necesidad del cambio radica en que si hay traspaso en la gestión, las cuencas del Alacantí, Marina Baja, Marina Alta y Serpis saldrían de la Confederación, lo que reduciría el peso poblacional de la Comunitat a la hora de conseguir representación en los órganos de gobierno de la CHJ. A juicio de Valero de Palma, «gran parte de la Comunitat depende del Júcar, por lo que es necesario mantener el actual peso en la Confederación».

Además, renunciar a la gestión de estos ríos desbloquearía la redacción del futuro plan de cuenca, que no avanza debido a que está pendiente la resolución del problema. De hecho, la Comisión Europea amenazó ayer con llevar a España ante los tribunales si no da una justificación satisfactoria del retraso de casi todos los planes de cuenca del país, entre ellos, el del Júcar.

Usuj también pidió que se finalice la modernización de regadíos prometida en el convenio de Alarcón (falta el 60% de las obras, que dependen del Gobierno y del Consell), y rechazó la idea planteada por los regantes alicantinos de acometer una nueva toma de agua en Antella para el trasvase Júcar-Vinalopó, así como un posible uso de los caudales para abastecimientos.

En 2005, en plena época de sequía, el Ayuntamiento de Albacete tomó, a través del pantano de Alarcón, más agua del Júcar de la que le correspondía, con el objetivo de evitar problemas de suministro a la población. Hasta este punto, el Consistorio castellanomanchego actuó dentro de la legalidad. Incluso recurrió a esta medida en los años sucesivos, concretamente en 2006 y 2007. Pero a día de hoy, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), propietaria del pantano de Alarcón y responsable del riego de 40.000 hectáreas de cultivo, no ha visto ni un euro procedente de la indemnización que la administración manchega debe abonar por la derivación del caudal. Y la deuda, en la actualidad, asciende a un millón de euros, tal y como explicaron ayer los responsables de la entidad valenciana.