http://www.lasprovincias.es/v/20110207/comunitat/castilla-mancha-justifica-restrictiva-20110207.html

La Ley del Agua que tramitan las Cortes de Castilla-La Mancha se apoya en un criterio poblacional. La iniciativa recoge las reivindicaciones hídricas de la comunidad vecina, como una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos que en la práctica supondría limitar el agua que llega a la Comunitat a través del Júcar y el Segura.

En la exposición de motivos, se dice que una de las motivaciones de la ley es que la autonomía será la que más crecerá en población en los próximos diez años, de ahí la importancia de tener los recursos necesarios para garantizar su desarrollo presente y futuro.

«Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2020, Castilla-La Mancha será la región en la que más crecerá la población. Por ello se deben aplicar medidas que permitan alcanzar el objetivo de que el agua no sea un factor que limite su desarrollo, garantizando la atención de todas las necesidades y en todos los municipios (…)», según reza el documento, que se votará (y aprobará) antes de finales de marzo. Después deberá pasar por el Congreso, al regular competencias estatales.

Lo cierto es que la afirmación es correcta, pero sólo en términos relativos. La proyección de población del INE para 2020 sitúa a la comunidad manchega a la cabeza en crecimiento demográfico, ya que la población aumentará un 6,42%, algo por encima de Baleares (6,37%) y Murcia (5,99%) y a mucha distancia de la Comunitat (2,42%).

Pero si se miran las cifras absolutas, el incremento manchego será de apenas 130.779 habitantes, dato bastante parecido al previsto en la Comunitat: 121.040. Son apenas 9.700 personas más. En total, en 2020 la autonomía valenciana tendrá 5,1 millones de habitantes, mientras que Castilla-La Mancha llegará a 2,1, menos de la mitad.

La comunidad vecina alega en la ley que hay que prestar «especial atención a aquellos territorios que presentan dificultades para satisfacer sus demandas». Añade que las principales infraestructuras que se diseñaron antes de la llegada de las autonomías «tuvieron como objeto trasvasar agua a otros territorios» sin dejar «una gota a su paso».

El crecimiento experimentado en las últimas décadas y la futura previsión justifican «la existencia de una ley que fije como objetivos esenciales la prioridad en el uso del agua de Castilla-La Mancha como cuenca cedente» a otras regiones.

La exposición de motivos también hace mención específica al trasvase Tajo-Segura, que la ley quiere limitar. Dice que fue puesto en funcionamiento hace 30 años, y que la necesidad actual de reservar caudales ecológicos en los ríos obligará a reducir la disponibilidad de recursos para otros usos.

Y como existe una cuenca cedente, hay que establecer «mecanismos que garanticen que las necesidades de la propia cuenca están garantizadas con carácter previo a cualquier decisión de trasvase o cesión», según la ley, que aboga por sustituir el agua del Tajo por agua desalinizada, una opción que descartan los regantes.