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La normativa estará lista en marzo y recoge las peticiones hídricas incluidas en fallido estatuto, como limitar el agua que llega del Tajo

05.02.11 – 00:05 –

J. BATISTA | VALENCIA.

EN DATOS

4.000

hectómetros cúbicos de agua conformarán la reserva que quiere implantar la Ley del Agua del Gobierno manchego.

Los regantes del Júcar y del Tajo-Segura coinciden en calificar la normativa de «electoral»

Antes de que termine el actual periodo de sesiones, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán, salvo sorpresa, la futura Ley del Agua de la autonomía. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno presidido por el socialista José María Barreda, que recoge las diferentes reivindicaciones de la región en materia hídrica, con el objetivo de garantizar su desarrollo actual y futuro.

En realidad, el proyecto de ley reúne las aspiraciones que ya formaban parte del fallido estatuto castellanomanchego, como la famosa reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua que el Gobierno regional exige para atender sus necesidades. Entonces, igual que ahora, la iniciativa provocó un amplio rechazo en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que gran parte del territorio ‘bebe’ del Júcar y del Segura, dos de los ríos que resultarían afectados por la nueva regulación que propone la ley.

Además, el Gobierno manchego se atribuye la capacidad de influir en el caudal que se envía a través del trasvase Tajo-Segura y en las autorizaciones para realizar pozos de sequía en esta cuenca. Incluso pretende cambiar la regulación de derechos sobre el agua de Alarcón, embalse propiedad de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj).

Según confirmaron ayer fuentes del grupo socialista en las Cortes manchegas, la pasada semana se presentó la proposición de ley ante la Mesa, con el objetivo de tener aprobado el documento normativo antes de finales de marzo.

Una vez superada esta fase, la idea del Gobierno manchego es elevar la propuesta al Congreso de los Diputados para su debate, teniendo en cuenta que parte de las aspiraciones manchegas, en la práctica, suponen regular competencias que actualmente corresponden a la Administración General del Estado. Eso sí, no parece probable que se alcance un consenso. Hay que recordar que las Cortes decidieron retirar la propuesta de estatuto después de que la comisión constitucional que lo negociaba en el Congreso no llegara a ningún acuerdo en relación a las reclamaciones hídricas, es decir, la reserva o las exigencias para limitar el trasvase Tajo-Segura. De ahí que sea complicado que en el mismo foro se apruebe una normativa que contempla presupuestos muy parecidos a los del documento estatutario.

La normativa ha generado preocupación en Usuj, que aglutina a 50.000 regantes valencianos que perderían derechos sobre el río adquiridos hace décadas. Y es que la Ley del Agua de Barreda exime al Ayuntamiento de Albacete y a cualquier municipio manchego de pagar la indemnización correspondiente por utilizar más agua del Júcar de la que corresponde.

En la práctica, la norma invalida el convenio de Alarcón, acuerdo adoptado en 2001 por el Gobierno y los regantes de Usuj en el que se cedió al Ministerio de Medio Ambiente la gestión del pantano del mismo nombre, construido en los años 40 por la entidad para regular el agua del Júcar y para prevenir riadas. El convenio establece que el uso del agua para abastecimientos es prioritario, si bien incluye una cláusula mediante la que los regantes del Júcar disponen de un nivel de reserva, por debajo del cual sólo se pueden extraer caudales para otros usos más allá del regadío mediante una expropiación temporal de los derechos de Usuj, situación que se produce en épocas de sequía.

Juan Valero de Palma, secretario general de la asociación, explicó que la indemnización se debe a que a que los caudales del pantano a los que renuncian son suplidos por extracciones en pozos, lo que genera un coste económico. Sin embargo, los pagos por las tomas de agua más allá del nivel de reserva realizadas por Albacete en 2005, 2006 y 2007 no han sido abonados, una deuda que asciende al millón de euros.

Exactamente, la ley prevé aprobar «las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es el uso prioritario, sin que en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete (…) por la utilización racional de recursos destinados a este fin, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier uso de menor prioridad».

«Desde 2005, Albacete ha tomado 120 hectómetros cúbicos de Alarcón, de los que sólo tenía que pagar por 29, es decir, por uno de cada cuatro», dijo el secretario general de Usuj. «Hay más de 30 poblaciones valencianas que hicieron lo mismo y sí que han pagado la expropiación de los derechos», señaló Valero de Palma, que considera que la normativa es «electoral» y supone «un atropello» a los derechos de los regantes.

«Decir que Albacete no tiene que pagar porque tiene prioridad es engañar a sus electores. Lo que dice la Ley de Aguas estatal es que el abastecimiento tiene prioridad con carácter general, y nosotros lo reconocemos, pero también dice que si el concesionario no tiene el agua necesaria tiene la capacidad de expropiar derechos mediante una indemnización, no mediante una confiscación, que es lo que están haciendo con Usuj», sentenció el portavoz de los regantes.

La normativa manchega recoge también la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos en las cuencas que pasan por la comunidad. Aunque no se especifica la forma de conseguirla, esta opción reduciría el agua para los regadíos del Júcar y del Segura (ambas cabeceras están en Castilla-La Mancha), por no hablar de los abastecimientos del área metropolitana de Valencia (que se nutre del Júcar y del Turia) o de Alicante, que bebe del Tajo-Segura a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La tramitación de la normativa también se sigue con preocupación desde el Sindicato de Usuarios del Tajo-Segura, teniendo en cuenta que el Gobierno de Barreda quiere tener más peso para decidir sobre el trasvase, una competencia que corresponde al Estado. Según la ley, el Ejecutvio regional deberá emitir un informe preceptivo para autorizar cualquier transferencia, y además, se tiene que justificar que el agua es excedentaria (como sucede en la actualidad) «y que se han optimizado los recursos hídricos en la cuenca del Segura». Es decir, apuesta por sustituir de forma progresiva los caudales transferidos por recursos propios de la cuenca, ya sea a través de la desalinización, de la reutilización o la modernización de regadíos.

Además, exige el establecimiento de un mínimo de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, donde nace el trasvase, con el objetivo de garantizar las actividades recreativas de los municipios ribereños, que viven del turismo.

«No tiene sentido plantear ante los mismos diputados las propuestas del Estatuto de Autonomía que ya se rechazaron. El Gobierno de Castilla-La Mancha utiliza un criterio electoral para tratar de captar votos», sentenció José Manuel Claver, presidente de los regantes del trasvase.