Junto con el consejero de Agricultura, el de Salud y la vicepresidenta, Julián Sánchez Pingarrón es de los pocos que siguen en el equipo de Barreda desde 2007. Y es para destacarlo, porque la crisis y las exigencias de austeridad han ido ‘nominando’ y ‘expulsando’ a los consejeros como en un reality de la televisión. Para los ‘supervivientes’ que se quedan hasta el final, también suben las cargas de trabajo. Desde el inicio de la legislatura, Pingarrón lleva en su título que es consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda. Desde hace menos de un año también se encarga de los temas de industria y energía. Y siempre ha velado por una de las cuestiones cruciales de esta Región, haya seguía o llueva: el agua.
La nueva Ley del Agua pretende que a Castilla-La Mancha se le oiga su voz. Con el actual marco constitucional ¿hasta qué punto pueden dejar a una región votar una decisión… o incluso vetarla?
Estamos trabajando en la Ley hasta sus últimas consecuencias y que sea votada en el Congreso de los Diputados. A nadie le extraña que haya una ley para regular el catalán en Cataluña y a nadie le debería extrañar que en Castilla-La Mancha haya una ley para regular el agua, porque hay circunstancias especiales que no hay en ningún territorio de España. Tenemos siete cuencas hidrográficas, somos la única región que tenemos un trasvase desde la cabecera del principal río, se prevé el mayor crecimiento de población para 2020 y además tenemos una climatología muy adversa.
Para el Estatuto contaron con el apoyo del PSOE en el Congreso, pero esta Ley va incluso más allá. Se habla de un mínimo en la cabecera y en el caudal ecológico de los ríos, se habla de cambiar las normas del trasvase… ¿cuentan también para estas reivindicaciones con el apoyo de todos los diputados socialistas?
Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente explícitamente han dicho que están de acuerdo con esta Ley en la medida en que contempla los mismos preceptos que contenía la reforma del Estatuto. En esa medida, dijo que contaba con el visto bueno del Ministerio, pero otra cosa es el visto bueno político en el Congreso, aunque uno es muy importante para el otro. Por otra parte, ésta no es una ley de unos contra otros, no es la ley del PSOE contra el PP, ni siquiera la de Castilla-La Mancha contra Murcia. Lo que queremos es pedir algo tan razonable como esto: antes de demandar un trasvase tenéis que justificar para qué lo queréis, tenéis que acreditar que lo habéis utilizado debidamente y previamente hay que descontar todo lo que podéis sacar de las plantas de desalinización.
Me gustaría preguntarle qué va a votar el PP, pero doy por hecho que no lo sabe.
A mí me gustaría lanzar esta propuesta en positivo, es una oportunidad que tiene Cospedal para apostar por Castilla-La Mancha. No lo hizo en la reforma del Estatuto y prefirió seguir el dictamen de Valcárcel, el de Murcia. Ésta es una nueva oportunidad que se le brinda para que pueda apoyar algo que todos los castellano-manchegos ven como justo y necesario.
Y al igual que el Estatuto, ¿van a echar para atrás la Ley del Agua si no la vota el PP?
Por cuestiones de calendario político sólo va a dar tiempo a presentarla en las Cortes y aprobarla antes de las elecciones. Nos gustaría llevarla con el apoyo del PP, pero si no contara con el apoyo igualmente se aprobará por la mayoría socialista en las Cortes, se remitirá al Congreso de los Diputados y se continuará con su tramitación.
La legislación actual ya da la preferencia a la cuenca cedente y la Directiva europea del Agua obliga a mantener un caudal ecológico en los ríos. ¿Por qué Castilla-La Mancha no se sienta a esperar? O dicho de otra forma ¿Por qué las leyes no se cumplen?
La zona de Levante es un gran grupo de presión que tiene mucha fuerza y tenemos que enfrentarlo. Cuando la Universidad de Castilla-La Mancha publicó el estudio de campos de golf muchos se echaron las manos a la cabeza. Nadie sabía que había ese uso indebido y no prioritario del agua. En Levante lo estaban justificando porque era necesario para beber y para regar y resulta que nos hemos encontrado con 39 campos de golf en mitad de secanos. Nos hemos dado cuenta de que han hecho urbanizaciones insostenibles basadas en los recursos del trasvase, nos hemos dado cuenta de que con los impuestos de todos los españoles se ha invertido en la construcción de desaladoras que no quieren usar porque prefieren el agua del trasvase porque les sale más barato.
Las autovías empezadas por la Junta parece que van a buen ritmo y cumpliendo los plazos. ¿En qué proyectos concretos están pensando para incluir en el programa electoral?
Lo importante es que ya hemos hecho un plan de comunicación y de autovías a largo plazo, y estoy hablando de 2020. En estos momentos tenemos 1.800 kilómetros de autovía y el plan que tenemos nos lleva a duplicarlas a 3.550. Todo esto requiere realizar estudios previos y acometer todos los proyectos e inversiones de acuerdo con un calendario que irán marcando también las posibilidades presupuestarias. En la próxima legislatura lo que se hará será planificar cuáles de estas infraestructuras son las más prioritarias y por lo tanto se van a atender en primer lugar. Pero el mapa final ya está dibujado.
Las obras que dependen del Gobierno central van con más retraso como la Autovía de la Alcarria o la A-40. ¿Temen que estas demoras les pasen factura electoral?
Yo sé que el ministro de Fomento ha sufrido haciendo este ajuste presupuestario. En Castilla-La mancha afortunadamente no se ha rescindido ningún contrato. Los calendarios los ha alargado, les ha metido un año o dos más de ejecución, pero todos los proyectos se van a cumplir. Era una medida que tenía que tomar el Ministerio y ellos han valorado que tendría el coste electoral que tuviera, pero que había que adecuarse al escenario presupuestario.
El plan antidéficit de la Junta incluye la reprogramación de inversiones. ¿A la consejería más inversora también le toca recortar?
En Ordenación del Territorio se mantienen los calendarios de entrega en todo lo que se refiera a infraestructuras adjudicadas o en ejecución. Lo que hacemos con los grandes planes, el plan de refuerzo de firmes o todo el plan de inversiones en autovías, es alargar los plazos de vigencia. Los planes que iban a vencer en 2013, se alargan a 2014 o 2015. Pero sobre todo, lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido ajustar sus gastos corrientes para que no sufriera tanto la inversión. Como dice Barreda, hemos quitado la grasa para dejar el músculo y, sin duda, el músculo de esta Región tiene que ver mucho con la inversión en infraestructura, porque además de darnos valor como territorio, dinamiza al sector de la construcción.
El Plan de Consolidación de las Finanzas Públicas incluye un nuevo impuesto a la energía eólica. ¿Cómo lo explica para que no suene contradictorio que primero se incentivara la instalación de parques eólicos y ahora se grave?
Los hemos estado incentivando y los vamos a seguir incentivando. En Castilla-La Mancha hay mucho territorio y bastante viento y por eso se va a seguir apostando por las renovables. El canon lo hemos analizado muy bien y apenas significa un 1,6% de la facturación de esas plantas, y por eso no les resta ninguna rentabilidad. Yo mismo me he entrevistado con todos los empresarios de este sector, al menos con los más impotantes, y todos me han manifestado su interés en seguir invirtiendo en Castilla-La Mancha. Se ha hecho un canon porque todos tenemos que aportar algo para resolver esta situación de crisis. Creemos que las compañías eléctricas también.
En 2008 la Junta creó una nueva tipología de vivienda, la de iniciativa público privada o VIPP. Sin embargo, su puesta en marcha se está retrasando. ¿Qué falla?
Del plan VIPP se han adjudicado 1.000 viviendas y están todas en fase de construcción. La dificultad que se ha tenido es la que tiene todo el sector de la vivienda. Es la financiación: encontrar préstamos al promotor y luego préstamos al cliente. Eso ha hecho que los plazos que queríamos poner para este programa se hayan dilatado. Pero el proyecto VIPP ha ayudado a muchos empresarios a recuperar la actividad y los proyectos se van a ir concluyendo conforme todos los aspectos financieros se vayan resolviendo caso a caso.
