Los alcaldes de Peñas de San Pedro y Alcadozo, Antonio Serrano y Ángel Alfaro, junto con la teniente de alcalde de Pozohondo, Amparo Núñez, han solicitado una entrevista urgente con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, con el fin de abordar las tarifas millonarias que el BOE les reclama, por unas obras hidráulicas realizadas en 2008. En rueda de prensa, los ediles denunciaron que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, les ha dejado«en la estacada».
Recordaron que las obras hidráulicas fruto de la tarifas multimillonarias conectan los municipios señalados con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Albacete (ETAP), y se incluyeron dentro de un Plan de Emergencia de Abastecimiento a municipios medianos y pequeños de la provincia de Albacete, ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, a instancia del presidente de la Junta, José María Barreda.
A la conclusión de estas obras, el Ministerio reclama unas tarifas por valor de 9 millones de euros a estos tres pueblos de entre 600 y 1.800 vecinos, si bien hay otros 19 municipios de la provincia de Albacete implicados, aunque con cantidades de menor cuantía. Los alcaldes no creen que deban costear unas obras de interés general, por un valor que supera las posibilidades presupuestarias de estos municipios. En concreto, el Gobierno de España reclama 2,5 millones a Pozohondo; 2,7 a Peñas de San Pedro; y 3,4 millones de euros a Alcadozo.
Desde 2008, Antonio Serrano, Ángel Alfaro y Amparo Núñez, han realizado numerosas gestiones, habiéndose entrevistado con el consejero de Obras Públicas de la Junta, Sánchez Pingarrón, en la Delegación de la Junta; han hecho lo propio con el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, en la Subdelegación del Gobierno. Estas reuniones, realizadas el pasado verano, no han dado el resultado esperado, si bien, todos ellos han dado la razón a los alcaldes de manera verbal. «Hemos llegado al absurdo de que todos nos dan la razón, tanto la Diputación Provincial, como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta de Comunidades, pero nadie nos soluciona la papeleta, pues el BOE sigue reclamándonos las mencionadas cantidades. Agotamos el último cartucho con la ministra, que ha sido alcaldesa de Córdoba, y creemos que sabrá entender nuestra posición», señalaron.
Los alcaldes calificaron estas tarifas como «tarifazo» e «impuesto revolucionario», pues hacen las obras «para colgarse las medallas y luego nos pasan a nosotros la receta». Hemos agotado todos los recursos para resolver este grave problema por la vía del diálogo, recalcaron, y agotamos este último cartucho, —una entrevista con la ministra Rosa Aguilar—, «antes de tomar medidas más drásticas que no le van a gustar a nadie», apostillaron.