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Es hora de gobernar el agua
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Editorial
La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que representa a todos los regantes tradicionales del río Júcar y a Iberdrola como propietaria de las centrales hidroeléctricas, ha denunciado la regularización de cientos de concesiones de agua en la provincia de Albacete. Se trata sin duda de un paso meditado y probablemente ajustado al perjuicio que se pretende evitar. El Plan Hidrológico del Júcar contemplaba una regularización de los pozos perforados ilegalmente en Albacete desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas en 1985. Lo hacía fijando unas condiciones ajustadas a la Ley de Aguas, y bajo un condicionante superior: en ningún caso las nuevas concesiones debían incrementar el volumen de agua que ya se extrae en las 100.000 hectáreas de regadío surgidas en la llanura manchega. No se puede dar una concesión que perjudique a un tercero ni se deberían asignar caudales cuando no existen recursos disponibles. Ni una ni otra premisa parecen cumplirse en el Júcar, donde, además de los intereses económicos, está en juego la recuperación ambiental del río.
El nuevo Plan Hidrológico del Júcar debería estar finalizado hace meses, pero el enfrentamiento entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana y el de ésta con el Gobierno central lo impide. Las nuevas concesiones no allanan el camino, lo empinan. Oídas las partes e incorporados al plan los estudios técnicos necesarios, quizá es el momento de decidir/gobernar sin perder nunca de vista el imperio de la ley y sin mirar de reojo al calendario electoral.