El programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales difícilmente colma las aspiraciones del Consell respecto a la cuestión hídrica. El documento presentado por el PP en la convención de Palma de Mallorca elimina la referencia a las transferencias de sobrantes de aguas a cuencas deficitarias; un compromiso que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, sí incluyó en su programa electoral de 2008 tras un tira y afloja entre los populares valencianos y aragoneses. La dirección nacional del PP, cuya número dos, Maria Dolores de Cospedal, mantiene una posición opuesta a la que defienden el gobierno murciano y valenciano respecto a la vigencia de los trasvases, ha solventado el tema del agua con un pequeño párrafo que está muy lejos del que se consensuó hace tres años para contentar a todas las partes.
El programa marco del PP, y dentro del apartado «Entornos y ciudades más sostenibles y eficientes», se limita a comprometerse a promover «un gran pacto nacional» basado, entre otros criterios, en los de la unidad de cuenca, la sostenibilidad medioambiental, la prioridad de uso en la propia cuenta, garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial. Punto y final. Ni una alusión a los trasvases de agua ni si quiera a las posibilidad de transferencias de sobrantes de agua. La única cesión a las históricas reivindicaciones del gobierno valenciano y murciano sobre los trasvases es el genérico compromiso sobre la solidaridad interterritorial.
Aunque es cierto que el documento de Mallorca es tan sólo un marco referencial para el que elaboren los populares en sus respectivas comunidades y no impide que el PP valenciano incluya en el suyo su reivindicación del trasvase del Ebro o la continuidad del Tajo-Segura; el texto de Génova evidencia que, como mínimo, ha desaparecido la voluntad conciliadora que presidió el programa electoral de Rajoy en 2008. También parece claro que se han impuesto las tesis de la secretaria general del PP.
Hace tres años, Génova hizo un auténtico encaje de bolillos para presentar un texto lo suficientemente ambiguo que contentó tanto a los aragoneses -contrarios a rescatar el PHN y el trasvase del Ebro- como a los valencianos y murcianos que prometían a su electorado que votar a Rajoy significaba solucionar los problemas hídricos en sus respectivas comunidades con el trasvase como medida irrenunciable. De hecho, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, entonces un barón territorial al que todavía no le había estallado el caso Gürtel, presionó de la mano de su homólogo en Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para que el compromiso electoral de Rajoy fuera inequívoco respecto a recuperar el proyecto del trasvase del Ebro. Camps llegó a apostar en público con que el documento llevaría el término «trasvase». Tras un intenso pulso, Génova logró que el PP valenciano cediera, pero le compensó con una referencia explícita a la transferencia de los sobrantes a cuencas excedentarias. Es más, el documento de 2008 hacía alusión a la reforma estatutaria valenciana y se comprometía a «garantizar el derecho de todos a disponer de agua suficiente y de calidad», al tiempo que prometía hacer todas las obras hidráulicas necesarias contempladas en el llamado Pacto del Agua para hacer conciliables las necesidades hídricas de todas las comunidades.
El PP valenciano se dio entonces por satisfecho al dar por segura la llegada de agua a Valencia con Rajoy de presidente.
