EFE.- Fuentes del MARM han subrayado a Efeagro que se trata de casos «en los que la Comisión Europea considera que los controles realizados por las autoridades españolas no eran lo suficientes» o no reflejaban «todos los extremos recogidos en la normativa comunitaria» o incluso existen «diferencias de interpretación de la normativa».

Han recordado que estas correcciones financieras de la CE «son menos del 1,1 % de los gastos anuales» y que «si se consideran como un indicador de calidad de los pagos realizados, podemos decir que la práctica totalidad de los pagos se vienen realizando correctamente».

«Los ciudadanos pueden confiar en que su dinero está debidamente controlado», han remarcado.

En el caso de la ayuda a la producción del aceite, en el que la CE exige la devolución de 70,9 millones, han afirmado que «se trata de un régimen de ayuda que concluyó en la campaña 2004/2005 y ya no existe, y que los errores del extinto SIG Oleicola no se han repetido en el actual Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas)».

Las mismas fuentes han señalado que en las ayudas a las frutas y hortalizas, en las que pide la devolución de 37,2 millones, «es una cuestión de interpretación normativa (relativa a envases reciclables) sobre la que España y la Comisión no han llegado a un acuerdo», y sobre la que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto a las primas ganaderas, han indicado que corresponden a «las solicitudes de ayuda de los años 2003 y 2004, cuyas deficiencias en los controles ya han sido subsanadas».

Fuentes del MARM han recordado que los beneficiarios finales de las ayudas «no se ven afectados por estas correcciones financieras».

La Comisión Europea (CE) exigió hoy a España la devolución de 115,7 millones de euros por irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas europeos, según informaron fuentes comunitarias.

Bruselas aprobó una «liquidación de cuentas» por la que reclama a España y a otros nueve países más el reembolso de dinero por considerar que ha habido «incumplimiento de las reglas o un control inadecuado» de las dotaciones de la Política Agrícola Común (PAC), según las fuentes.