La delegada del Gobierno en la Comunidad, Ana Botella, demostró ayer en Alicante su desconocimiento del contencioso que mantienen desde 2005 el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, para la puesta en marcha de una obra que ha costado cerca de 400 millones de euros y permanece bloqueada al no haberse cerrado ni el precio, ni la calidad del agua que se captará en Cullera.
Botella, que había acudido a Alicante a una reunión con el comité ejecutivo de la patronal Coepa, se descolgó con una declaraciones en rueda de Prensa en las que tras recordar que las obras del trasvase están acabadas (oficialmente lo están desde el verano de 2010), reclamó a la Generalitat un interlocutor para sentarse a negociar el trasvase.
Botella se olvidó de la Junta Central de Usuarios, que es el colectivo afectado y que debe ser el que reciba los caudales del Azud de la Marquesa. La delegada del Gobierno pidió la colaboración del Consell al que, sin embargo, ha llevado a los tribunales por haber cambiado la toma del postrasvase. Canalización financiada por la que ya se podrían repartir los caudales a los regantes.