Tacha de “temeridad el impugnar de manera sistemática” cualquier decisión sobre el Tajo y además el Tribunal Supremo impone el pago de las costas del recurso a la Junta de Comunidades. Mientras Levante y Aragón siguen sin ponerse de acuerdo por el proyecto del trasvase del Ebro.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha señalado en una sentencia que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha actúa con «temeridad al impugnar de manera sistemática todo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decida un trasvase de aguas del Tajo al Segura».La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera ajustado a Derecho el trasvase aprobado por el Gobierno el 6 de noviembre de 2009 para dar un riego de socorro «y evitar pérdidas irreparables en el arbolado y en los cultivos de las zonas regables servidas con aguas del trasvase Tajo-Segura».La Sala rechaza la argumentación de la Junta, que alegó que la autorización del trasvase precisaba de una evaluación de impacto ambiental hecha por la misma, y señala que al tratarse de un trasvase intracomunitario prima la normativa estatal.

Imagen del trasvase Tajo-Segura

En contra de lo afirmado en el recurso, la Sala sostiene que el acuerdo del Consejo de Ministros estaba suficientemente motivado.Otras sentencias anterioresEl TS recoge varias sentencias anteriores, igualmente desestimatorias de otros recursos formulados por Castilla-La Mancha y lamenta que «se reproduzcan alegaciones que ya fueron formuladas y rechazadas en ocasiones anteriores, lo que la demandante, además, manifiesta conocer».    Al imponer el pago de las costas a la Junta, el tribunal limita a 1.600 euros las correspondientes a los honorarios de los letrados de la Administración General del Estado, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Generalitat Valenciana.     Esta sentencia supone un duro revés pocos días después de que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura aprobara un nuevo envío de agua hacia Levante de 270 hectómetros cúbicos para cubrir las necesidades hídricas de los regantes durante los próximos seis meses. Una decisión que ha sido duramente criticada por las organizaciones agrarias, ecologistas y pueblos ribereños de Castilla-La Mancha, que lamentan que “el trasvase lleve más agua que el propio río Tajo”.Levante y Aragón, posturas opuestas sobre agua con un mismo color políticoNi el río más largo de España podría cruzar la distancia que separa Levante de Aragón, sobre todo si en materia de agua se trata. A pesar de que los respectivos gobiernos de Aragón, Valencia y Murcia comparten el mismo color político los intereses regionales priman, por el momento, más que las siglas.Ayer durante su discurso de investidura de Luisa Pastor como presidenta de la Diputación de Alicante señaló que el agua es uno de sus objetivos prioritarios y anunció que una de los primeras decisiones sería reactivar la Mesa del Agua destacando que debe reinar el consenso y ofreciendo este órgano como punto de encuentro entre administraciones, regantes y Confederación del Júcar y el Segura.  Anunció como uno de sus objetivos la recuperación del proyecto del trasvase del Ebro y consolidar en el tiempo el del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó para paliar el déficit hídrico que sufre su provincia y que limita su crecimiento económico. Rudi, en contra del trasvaseSin embargo estos objetivos chocan con las intenciones mostradas por Luisa Fernanda Rudi, nombrada también ayer primera presidenta de Aragón, quien durante la campaña insistió en varias ocasiones en desmentir que su parido “ni a nivel regional ni nacional” tuviera la intención de resucitar el trasvase del Ebro por mucha insistencia con la que lo solicitaran sus colegas de las comunidades de Valencia y Murcia al que parecen no querer renunciar  el entender que es la solución definitiva al problema del agua.