De esta forma, sale al paso del Real Decreto Ley aprobado hace apenas una semana por el cual se reforma el apartado 2 del artículo 94 de La Ley de Aguas, permitiendo la cesión a las comunidades de Andalucía, Aragón y Cataluña de las funciones de la policía de Aguas, tal y como reclamaban en sus reformas estatutarias.

En opinión de Fenacore, con este decreto el Ejecutivo está duplicando competencias y cometiendo un nuevo »ataque» al principio de unidad de cuenca, como ya hizo al traspasar las funciones legislativas y de ejecución sobre el Guadalquivir a Andalucía; atribuciones que fueron declaradas nulas por atentar directamente contra la Carta Magna.

Según la Fedración, a poco más de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta de Andalucía para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional anulando su potestad sobre el río, todo parece indicar que ambos trabajan a »marchas forzadas» para encontrar el modelo adecuado que permita a esta región recuperar el control de la cuenca.

Sin embargo, el presidente de los regantes españoles confía en que cualquier resolución o »argucia jurídica» que pretenda vaciar las competencias del Estado en materia de política hidrológica se encuentre con el freno de los tribunales y acaben por declararlas igualmente inconstitucional en beneficio último de todos los usuarios.

De hecho, Del Campo recuerda que esta resolución no cuenta siquiera con un informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua -tal y como exige la ley- ni ha pasado el proceso parlamentario para su consenso, lo que obligará a los regantes a realizar las gestiones políticas oportunas para que se actúe de acuerdo a la legislación vigente.

Reforzar las competencias del Estado

Por otro lado, los regantes afirman que esta cesión vuelve a sentar un mal precedente para el resto de comunidades autónomas y vaticina que será »cuestión de tiempo» que comiencen a reclamar las competencias que el Ejecutivo les está »poniendo en bandeja». Lo que hace falta es que el Ministerio de Medio Ambiente lidere la política hidráulica de España velando por los intereses generales y manteniendo el principio de la unidad de gestión por cuencas y no »troceándolo» permanentemente.

Con el objeto de poner fin a la titularidad exclusiva sobre los ríos que »arbitrariamente» vienen atribuyéndose en estos últimos años las comunidades autónomas por el mero hecho de transcurrir por sus territorios, los regantes insisten en la necesidad de poner en marcha un Pacto Nacional que refuerce las competencias del Estado en materia de aguas, impidiendo que se realice una gestión localista de este recurso.

Según Andrés del Campo, »el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no propiedad de los que la tengan más cerca. Esto se consigue con una independencia política en su gestión y realizada a nivel de cuenca o demarcación hidrográfica. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social».

FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el objetivo de aunar esfuerzos y voluntades en la defensa de sus legítimos intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa en Bruselas a todos los países miembros.