El discurso «pactista» de la responsable de la política hídrica de Castilla-La Mancha en el nuevo gobierno de Maria Dolores de Cospedal, manifestado por la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha sonado a música celestial en el Gobierno de la Generalitat y en otros estamentos del PP, que ayer saludaban con indisimulada satisfacción el regreso al «espíritu de consenso».
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fueron las responsables de verbalizar su satisfacción con el contenido y el tono empleado por la consejera manchega en las cortes de esta región.
Hernández considera positiva la propuesta para «volver» al consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 y el rechazo a la «politización». Para la consellera es especialmente importante que en C-la Mancha se hable de «necesidades reales» de los regantes y que se plantee la «política de agua» como «una política de cohesión territorial y no de diferencias».
Más allá de la retórica política, la intervención parlamentaria de la consejera castellano-manchega sorprendió al eludir la exigencia de reservas «estratégicas» de cientos de hectómetros cúbicos de agua sobre caudales del Júcar o el Tajo que hacen prácticamente imposible el acuerdo, tal como planteaba el gobierno de José Maria Barreda.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se reunió ayer con Hernández, manifestó la «mutua satisfacción» por las declaraciones hechas ayer desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en la línea de que el agua «vuelva a ser un elemento de cohesión y no de hostilidad».

«Sentido común»
Para Maritina Hernández se trata trata de unas declaraciones «muy importantes que devuelven el sentido común y el criterio de cohesión territorial que nunca se debió perder», así como el de «consenso» en «la planificación de los recursos hídricos en España».
En este clima favorable al acuerdo, que deberá concretarse en propuestas para los planes hidrológicos del Júcar y el Tajo, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, aseguraba que que una vez los populares ya gobiernan en casi todas las Comunidades Autónomas, y con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, «el problema del agua dejará de ser un problema».

Ley de Aguas
En un tono mucho menos conciliador, Maritina Hernández denunciaba que un decreto aprobado por el Gobierno a finales de agosto «modifica» la ley de Aguas, «rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas» y refleja la falta de voluntad para «afrontar la cuestión del agua desde una perspectiva nacional y con soluciones justas».
Tras reunirse con el presidente de la Acequia Real del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, la consellera manifestó que la nueva norma «fragmenta las competencias de las demarcaciones hidrográficas» y puede afectar a la racionalidad y eficiencia de la administración.

Castelló pide agua del Ebro y Tortosa la niega

El pleno de la Diputación de Castellón aprobó ayer con los votos a favor de PP y Bloc la moción que el grupo popular presentó para reivindicar el minitrasvase del Ebro a Castellón. El PSPV se abstuvo en la votación. El texto de la moción habla del «menosprecio del Gobierno central por las necesidades de Castellón en materia hídrica y el perjuicio económico ocasionado a la provincia …» .El presidente provincial, Javier Moliner, subrayó que si la reivindicación del minitrasvase volvía «de nuevo» al pleno de la institución es «porque hace seis años que el Gobierno aún no se ha dignado a responder a esta Diputación provincial».
Quien sí respondió a esta iniciativa fue el pleno del Ayuntamiento de Tortosa que aprobó, por unanimidad de todos los grupos, incluido el Partido Popular, una declaración institucional que rechaza la petición de un trasvase del Ebro que solicitan los diputados de Castelló argumentando que en el Ebro no existen sobrantes.