El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha anunciado este jueves que los principales usuarios de agua votarán «de forma unánime en contra» de los planes hidrológicos de cuenca en los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas y en el Consejo Nacional del Agua (CNA) en protesta por la cesión de competencias sobre la gestión de las cuencas a las comunidades autónomas.
Además, ha señalado que la organización está estudiando denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea por romper el principio de unidad de gestión que recoge la Directiva Marco de Aguas.
La decisión ha sido anunciada durante el acto de homenaje a Joaquín Costa por el centenario de su muerte. Del Campo ha dicho que esta decisión viene después de haber agotado todas las vías de diálogo y acercamiento al Ministerio de Medio Ambiente y comunidades autónomas, así como a portavoces de grupos parlamentarios y de los principales partidos políticos, incluidos Gobierno y oposición.
Asimismo, FENACORE explica que el detonante de la determinación ha sido la reciente convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a las comunidades autónomas del Dominio Público Hidráulico, saltándose los procesos ordinarios de aprobación legislativa y obviando las sentencias del Constitucional y el Supremo sobre la cesión de competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía.
En ese sentido, del Campo añade que la justificación del voto negativo de los regantes reside en el «profundo desconocimiento que la Administración Central ha demostrado tener del concepto de Confederación Hidrográfica» y de los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión que deben inspirar el proceso de planificación hidrológica, el cual debe regirse por criterios comunes «si quieren evitarse intereses localistas y guerras del agua».
Por eso, ha precisado que la federación comenzará en estos días las gestiones para tratar de hacer extensivo este voto negativo a todos los usuarios implicados en el proceso de planificación, así como a las organizaciones medioambientales y asociaciones agrarias beligerantes, manifestando abiertamente el rechazo a la ruptura del principio de unidad de gestión de cuenca.
De hecho, ha agregado que una paralización de los planes de cuenca conllevaría nuevas sanciones por parte de Bruselas por incumplir los plazos fijados y que, además, impediría la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional ya que estos planes han de coordinarse con criterios localistas basados en los intereses de los que tienen el agua más cerca.
Respecto a la demanda en Bruselas, Del Campo ha manifestado que FENACORE está estudiando la posibilidad de presentar en Bruselas una denuncia contra el Gobierno de España por atentar contra «el espíritu y la letra de la Directiva Marco de Aguas) que reconoce el principio de participación de los usuarios en los procesos de planificación y políticas relacionadas con el agua, así como los criterios de gestión por cuencas hidrográficas.
«Si la Administración no está dispuesta cumplir la Constitución, la Directiva Marco de Aguas y la Ley de Aguas, sometiéndose al principio de legalidad y, en su lugar, actúa saltándose la legislación nacional e internacional para hacer valer las diferentes reformas estatuarias a cualquier precio, estamos destruyendo las bases del Estado de Derecho, y esto es muy grave», ha expresado.
Finalmente, ha advertido de que con la reciente delegación de competencias sobre el dominio público hidráulico a la Junta de Andalucía se están duplicando las administraciones hidráulicas y los gastos «sólo por caprichos políticos».