Por fin hemos asistido, después de muchos años de espera, al reconocimiento legal de la mujer rural. La Cámara Alta ha aprobado la Ley sobre titularidad compartida. Una normativa que permite a las mujeres rurales, que trabajan en las explotaciones agrarias y ganaderas, cuya propiedad figura bajo el nombre de sus maridos, obtener el reconocimiento como cotitulares. Esto se traduce, entre otras cuestiones, en que pueden cotizar a la Seguridad Social y obtener por ello prestaciones o acceder a financiación y créditos.
Pero el proceso de reconocimiento de la mujer rural no termina ahí. Para Asaja de Castilla-La Mancha ahora es necesario que la sociedad identifique a esta figura como una auténtica empresaria agraria. Durante toda la vida, el trabajo de la mujer del campo ha sido considerado como ayuda familiar, menospreciando los derechos de igualdad entre hombres y mujeres.
Las mujeres que viven en los pueblos son trabajadoras y constantes. Y ahora, las cosas están cambiando; también tienen formación y están implicadas en los procesos de modernización de la vida económica, política, social y cultural del mundo rural. Además del trabajo en el campo, se ocupan del hogar, superando las dificultadas para conciliar la vida laboral y familiar y todo ello, con menos servicios que en las ciudades.
Estas desigualdades entre campo y ciudad, sumado a la imposibilidad de cotizar en la Seguridad Social como cotitulares en las explotaciones agropecuarias, ha provocado durante años la emigración de las mujeres a las grandes ciudades. Paradójicamente, la coyuntura económica por la que atraviesa el país en la actualidad, ha motivado el regreso de muchos a los pueblos, entre ellos, muchas jóvenes preparadas con un fuerte potencial para llevar a cabo una verdadera revolución en el campo que habrá que aprovecharse en un futuro inmediato, si no queremos que continúe envejeciendo y desapareciendo este colectivo.
Los datos del último censo agrario, el del 2009, hablan por sí solos. En Castilla-La Mancha existen 116.305 titulares de explotaciones agrarias. De ellos, el 70% (82.360) son hombres y tan solo un 30% (33.945) son mujeres. Del total de las mujeres, 11.958 tienen más de 65 años. En otros términos, el 35% de las mujeres titulares de explotaciones están en edad de jubilación.
Por otro lado, en las explotaciones agrarias existe un número elevado de mano de obra familiar femenino, aunque en estos casos, la dedicación de tiempo en las labores del campo no cubre el cien por cien. En total, 70.363 mujeres colaboran con las actividades, aunque sólo 385 lo hacen el cien por cien del tiempo trabajado. A estas cifras, hay que añadir aquellas mujeres que trabajan por un sueldo fijo en explotaciones agrarias, 3.765. En definitiva, existe un número muy alto de mujeres que se encuentran vinculadas a las explotaciones agrarias familiares en calidad de cónyuges, hijas de titulares u otras, las cuales no suelen cotizar a la Seguridad Social, lo que origina un menor reflejo de su papel en la agricultura. Un auténtico fenómeno de invisibilidad.
Por ello, ahora que tenemos una Ley nacional a favor de ellas, hay que hacer el último empujón para incentivar la incorporación de las mujeres a la seguridad social y así, reconocer definitivamente el trabajo invisible de la mujer en el campo. Asaja de Castilla-La Mancha ya ha sugerido al Gobierno regional fórmulas para mejorar la situación, como mejorar los requisitos para que aumenten las bonificaciones de las cuotas para las mujeres rurales, o asumir un mayor porcentaje del gasto que supone la cotización de la mujer en la Seguridad Social por parte de la Administración regional. Medidas cualesquiera, pero eficaces, pues según fuentes de la Consejería de Agricultura, desde que se pusiera en marcha el modelo de solicitud de comunicación de titularidad compartida de explotaciones agrarias de la región, sólo se ha presentado una solicitud para el Registro que, además, no cumplía con los requisitos.
En conclusión, existen mujeres en los pueblos responsables de la economía familiar y de las cuentas de los negocios familiares, adaptadas a las nuevas tecnologías, con un bagaje de formación cultural, deseos de participar en la vida política, interés por la innovación y el cambio y mucha esperanza por cambiar la situación que han vivido sus madres y sus abuelas. Si no queremos ver desaparecer nuestros pueblos, debemos comenzar un proceso de desarrollo rural en el que estén presentes las mujeres, o las perspectivas de la sociedad rural están llamadas al fracaso.