Los sindicatos CCOO y UGT reclaman un debate sobre las competencias y el ejercicio de las facultades asociadas a la gestión del agua entre las distintas Administraciones que sea «sosegado, riguroso técnica y jurídicamente, democrático y participativo», al considerar «improvisada e inoportuna» la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas.
Así, critican la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobada por el Gobierno vía Real Decreto-Ley y que ha sido recientemente ratificada en el Parlamento.
A su juicio, con esta modificación se transfieren las competencias de la gestión de concesiones de agua y de policía del dominio público hidráulico a aquellas comunidades que lo han incorporado en sus estatutos de autonomía. En ese sentido, critican que recurrir al mecanismo Real Decreto-Ley para aprobar una modificación legislativa «sólo se justifica por razones de urgencia y excepcionalidad, circunstancias que no se justifican ni motivan en este caso».
Además, ambas organizaciones sindicales opinan que la gestión del agua en España ha sido y es causa de «numerosos» conflictos sociales, económicos, ambientales y políticos. Por ello, subrayan que abordar los desafíos que entraña la gestión sostenible de los recursos hídricos en la sociedad del siglo XXI exige la modernización y reforma de la actual administración del agua, adecuar los organismos, gestores y estructuras que la conforman al actual marco constitucional y pluri-competencial en materia de aguas.
Asimismo, denuncian que la modificación introducida «ha hurtado el preceptivo y necesario debate social y político» respecto a su contenido, objeto y oportunidad en los órganos consultivos establecidos a tal efecto, tanto el Consejo Nacional del Agua como el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
«Con esta modificación legislativa, lejos de contribuir a mejorar la gestión eficaz de los recursos hídricos, se añade conflictividad en un aspecto muy relevante de la gestión sostenible del agua: la distribución de competencias entre las distintas Administraciones públicas», insisten CCOO y UGT en un comunicado conjunto.
Finalmente, exponen que, en su opinión, la cuenca hidrográfica es el ámbito para la gestión integral, sostenible, democrática y participativa, por lo que la concurrencia de distintas Administraciones públicas «exige» un sistema de distribución de competencias y una coordinación estable y eficaz de las distintas autoridades competentes para asegurar una adecuada gestión del dominio público hidráulico.