La alcaldesa, Carmen Bayod, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, se reunieron ayer para hablar de en qué situación se encuentran los diferentes proyectos en marcha con financiación de este organismo.

Un momento de la omparecencia del presidente de la CHJ y de la alcaldes

R.S.

E. REAL

Durante más de una hora y media estuvieron reunidos ayer la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, como anfitriona, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, de los diferentes proyectos que hay en marcha en la ciudad, impulsados por ambas instituciones y financiados, en la mayoría de los casos, por el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Un encuentro en el que «había que tratar muchos temas», apuntaba Bayod, que se excusaba así del retraso de más de veinte minutos en el inicio de la comparecencia ante los medios, y que ha supuesto «un pistoletazo de salida para seguir manteniendo muchas más reuniones de trabajo más», apuntó, por su parte, Moragues.
Uno de los asuntos sobre los que más expectativas había era conocer qué va a hacer el Ayuntamiento de la capital con el ultimátum que los regantes valencianos le han dado para cobrar su deuda. Como avanzó hace unos días este diario, la USUJ remitió una reclamación administrativa el pasado mes de julio al equipo municipal dándole un plazo de tres meses para que la Administración local albaceteña haga frente al pago de algo más de un millón de euros por la utilización extraordinaria del agua del embalse de Alarcón en el periodo correspondiente a los años 2005 y 2008.
La Unión de Usuarios del Júcar, la USUJ, advertía que, si el Consistorio albaceteño no pagaba en plazo (algo que se cumple a mediados de este mes de octubre) están dispuestos a acudir a los tribunales, en concreto, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que les dé la razón.
Ante esta amenaza, Bayod, ayer -porque hasta este momento el equipo de gobierno no ha querido postularse- era tajante. «Como alcaldesa de la ciudad y como defensora de los intereses de la ciudad, puede haber una norma pero no toda norma es justa y voy a luchar hasta el final para que alguien reconozca la injusticia de esa norma que, en principio, obliga al Ayuntamiento», manifestó.
Así, cuando los medios de comunicación le insistieron en que dejara claro si el Ayuntamiento va a pagar o no lo que le reclaman los regantes valencianos, la alcaldesa se comprometió a que «mientras me quede una sola instancia para acudir lucharé por esta injusticia, que no es una ilegalidad, sino una injusticia para la ciudad».

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