La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, pidió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que traslade a sus homólogos europeos y a la Comisión Europea que España y CLM no están dispuestas a «perder un solo euro» del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), cuya propuesta de reforma para el período 2014-2020 «perjudica y mucho a nuestros agricultores y ganaderos».
Soriano hizo estas declaraciones antes de la reunión del Consejo Consultivo de Agricultura en el que Gobierno y autonomías cerraron un acuerdo que, en palabras de la ministra, Rosa Aguilar, supone un «rechazo pleno, total y frontal» a la reforma de la PAC para el horizonte 2014-2020.
Durante el encuentro, la consejera reiteró también a la responsable de la política agrícola española la necesidad de constituir un grupo de trabajo que «estudie y valore la incidencia y la repercusión que la reforma de la PAC propuesta por Bruselas va a tener en los distintos territorios, sectores y cultivos». Y es que Castilla-La Mancha recibe anualmente 950 millones de los fondos europeos para políticas agrícolas, incluyendo las partidas destinadas a desarrollo rural. Un volumen de dinero que los planteamientos presentados la semana pasada por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ponen en peligro.
Aunque la cuantificación del recorte presupuestario está por determinar lo cierto es que la implantación de la denominada ‘tarifa plana’ en los pagos directos en la que no se tendrían en cuenta los derechos históricos para la determinación de la cuantía de las ayudas, convirtiéndolas en una especie de ‘café para todos’, provocaría un grave quebranto económico a los agricultores y ganaderos de la región, cuya renta proviene en un 40% de las ayudas de la PAC.

Recibirían la mitad.
«Los agricultores reciben de media en la actualidad 211 euros por hectárea y con la tarifa plana la media de la que estamos hablando sería de 120 euros por hectárea», explicó Soriano. Un cálculo que, en caso de materializarse, supondría un grave quebranto para el sector agrícola regional puesto que la reducción de la ayuda media rondaría el 44%.
«La reforma de la Política Agraria Comunitaria perjudica a España porque va en contra del modelo productivo agrario que tenemos en España y Castilla-La Mancha», subrayó la consejera que, aunque reconoció que el rechazo al documento presentado por Bruselas es unánime por parte de las comunidades autónomas y el Gobierno central, criticó a éste último por ser “incapaz” de haber conseguido «modificar una sola coma de la propuesta» antes de que se hiciera pública oficialmente, una propuesta que “no es nueva” porque, como recordó la consejera, «se han venido producido diversas filtraciones durante los últimos meses que adelantaban sus líneas maestras».
Soriano, que rechazó de plano la propuesta de reforma porque encarece los costes agrícolas debido la implantación de nuevos condicionantes medioambientales e impulsa una agricultura menos productiva, lamentó que hasta la fecha el «Gobierno de España no haya estado a la altura en la defensa de los intereses de los españoles y de los castellano-manchegos».