Vuelta a la idea original. A falta de presupuesto para construir una potabilizadora que convierta en viable el trasvase Júcar-Vinalopó, el PP apuesta por recuperar en los próximos meses la toma original de la transferencia, en Cortes de Pallás. El proyecto, presentado por los regantes del Vinalopó —potenciales usuarios del trasvase, aunque ninguno ha suscrito aún el convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para recibir agua—, prevé la coexistencia de las dos tomas: la de Cortes de Pallás (que se abandonó en 2005) y la actual, en el Azud de la Marquesa.
La conexión de la transferencia, totalmente terminada desde finales del pasado año, con la toma original —descartada por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona— tendría un coste cero para las arcas públicas, dado que las obras ya estaban finalizadas cuando se cambió el trazado de la tubería. Así, frente al desembolso económico que suponía la potabilizadora prometida por el PSOE (y que nunca se llegó a presupuestar), la propuesta que estudia el PP no implica sobrecostes.
Según la propuesta de los regantes —respaldada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor— el protocolo de uso establecería la preferencia de la toma actual, al final del río, siempre que los niveles de calidad del agua permitiesen usarla para riego. Para vencer la resistencia de los regantes del Júcar, el proyecto que estudiará el PP contempla destinar la toma de Cortes a un «banco de agua», es decir, el agua trasvasada desde el curso medio del Júcar sería vendida por los regantes valencianos a los alicantinos, y no enviada por orden del Ministerio.
«Giro» en la CHJ
La doble toma para el Júcar-Vinalopó es solo uno de los «giros» que el PP plantea a la política hídrica desplegada por el PSOE en la Confederación del Júcar. Si los populares ganan el próximo domingo, como apuntan las encuestas, controlarán todas las instituciones con presencia en el consejo de gobierno de la cuenca —el Ministerio, la Generalitat, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valencia—.
El relevo del actual presidente de la CHJ, Juan José Moragues (nombrado por Narbona en 2004), será el primer paso para devolver la política hídrica del organismo de cuenca a los planteamientos anteriores a la llegada del PSOE al Gobierno central. Principalmente, mantener la unidad de cuenca —que se rompía con el Decreto aprobado por el Gobierno en 2009, y tumbado hace unas semanas por el Supremo—. Un criterio que facilita, precisamente, el trasvase Júcar-Vinalopó, que de otro modo se consideraría una transferencia entre cuencas distintas.
También se mantendrá la superficie de regadíos reconocida por la Generalitat en la Comunidad, y que el actual presidente de la CHJ pretendía reducir en 40.000 hectáreas. Así constaba en el Esquema de Temas Importantes (ETI), borrador del Plan de Cuenca, que ahora debe analizar el consejo del agua de la CHJ. De haberse aprobado dicha reducción —al convertir en terreno «potencialmente regable» parte del actual regadío—, se habrían revisado a la baja las necesidades de agua de Alicante.