El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha rechazado el recurso presentado por España contra la multa de 54,9 millones de euros que Bruselas le impuso en 2008 por la plantación ilegal de viñas, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura.
La multa correspondía al 10 % del gasto agrícola en el sector vitivinícola relativo a los ejercicios presupuestarios de 2003 y 2004. España pidió al Tribunal General la anulación de la decisión de Bruselas.
En una sentencia conocida el 31 de enero, el Tribunal ha confirmado la validez de los argumentos que llevaron a la Comisión Europea a concluir que España, ya sea la administración nacional o las autonómicas, no controló de manera adecuada el cultivo de vid no autorizada, durante las campañas 2003 y 2004.
Las dos principales autonomías afectadas son Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se encontraron 9.280 hectáreas de viñas ilegales, según la Comisión.
Bruselas argumentó en su día que el viñedo ilegal contribuye a aumentar los excedentes y en consecuencia a elevar las ayudas y el gasto que la regulación actual establece en favor de los productores de vino, mediante apoyos como la destilación de crisis.
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Fuente: Semana_Vitivinicola
