El techo máximo de las ayudas, los pagos verdes o los fondos Feader de desarrollo rural son algunos de los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) sobre los que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (Magrama) ha consultado a las Comunidades Autónomas. A través de este cuestionario, al que ha tenido acceso Efeagro, busca identificar los elementos que plantean dificultades y requieren la actuación del Ministerio para impulsar modificaciones en la propuesta, según explicó ayer el Magrama a través de un comunicado.

El Ministerio y responsables de las comunidades autónomas mantuvieron ayer en Madrid la primera reunión de trabajo del Grupo de Análisis para la Reforma de la PAC, un proceso en el que España se juega el futuro de 7.500 millones de euros de ayudas al campo.

El citado cuestionario recaba la opinión autonómica sobre el marco financiero, los criterios de convergencia, el modelo de pagos directos o las cuestiones relativas a la Organización Común de Mercado única.

Así, pregunta a las comunidades autónomas si estarían de acuerdo en proponer a Bruselas un aumento de la tasa máxima de cofinanciación de fondos Feader de desarrollo rural para las regiones en transición al 75 % para aquellas que salen del objetivo de convergencia y al 60 % para el resto.

Esta cuestión es de especial relevancia para Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia.

Con la actual normativa comunitaria verían reducido el porcentaje de cofinanciación de los programas Feader a partir de 2014 (del 75 % al 50 %), puesto que ya no serán consideradas regiones cubiertas por el objetivo de convergencia, sino como «comunidades en transición».

También reflexiona sobre la forma en la que podría evitarse una reducción de la ayuda media a las explotaciones agrarias en el caso de que se añadan superficies adicionales con derecho a subvenciones.

Otras de las cuestiones que señala son la posibilidad de defender un período transitorio más amplio entre el actual modelo y el nuevo -a partir de 2013-, y si deberían integrarse nuevos perceptores de sectores altamente competitivos al régimen de pago único.

La exclusión o no de la definición de «agricultor activo» a las personas jurídicas que no tengan como objeto social la actividad agraria es otro de los asuntos incluidos en el cuestionario.

Respecto al pago «verde» o greening -que podría movilizar el 30 % de los fondos de la nueva PAC y que exigirá prácticas agroambientales, rotación de cultivos y mantenimiento de pastos para cobrar las ayudas-, plantea si se adapta a la diversidad española y si afectará a la productividad de las explotaciones agropecuarias.

También alude al «capping» o límites en los pagos directos a los agricultores, a si debería permitirse a los Estados miembro que destinen los fondos generados por esta aplicación en función de sus necesidades y a la conveniencia del mantenimiento de los sistemas actuales de limitación en la producción en los sectores azucarero, lácteo y vitivinícola.

En el comunicado del Magrama se subraya que la secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina cree «una prioridad» para el Gobierno configurar «una posición común de consenso para la defensa de los intereses agroalimentarios españoles en el debate de la reforma de la PAC».

«Se trata de una reforma de gran alcance y compleja, al coincidir con el debate del presupuesto de la UE para el periodo 2010-2020, con incidencia en la PAC», ha subrayado.

Respecto a las medidas de mercado, en la reunión de ayer se constató «un amplio consenso» en la necesidad de mejorar el funcionamiento y eficacia de los mecanismos de gestión de mercado.