Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias COAG y UPA consideran insuficientes las medidas adicionales contra la sequía aprobadas en el último Consejo de Ministros, entre ellas una ampliación de los fondos para avalar a los productores con el objetivo de que puedan acceder al crédito.
El responsable del servicio jurídicos de Cooperativas Agro-alimentarias, José Cardona, ha explicado a Efeagro que se trata de medidas «bastante cortas».
La situación de sequía es aún «incipiente», por lo que ha instado a «esperar a ver qué pasa en primavera y si se pueden recuperar los cultivos», ha añadido Cardona.
Esta organización ha propuesto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) postergar el pago de las cotizaciones de la seguridad social a los trabajadores de las cooperativas afectadas por la sequía o las heladas.
Eliminar las limitaciones de compra de las cooperativas afectadas por la sequía a proveedores no socios, una petición que ya se ha trasladado desde el Departamento de Agricultura al de Empleo, es otra de las demandas de este sector, ha precisado Cardona.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera «escasa y limitada» la ampliación de las medidas para mitigar el impacto de la sequía en las explotaciones agrícolas y ganaderas al ser «claramente insuficientes» para afrontar las pérdidas en el campo, que eleva a 1.600 millones de euros.
«Sólo supondrá mayor endeudamiento cuando el sector lo que necesita es liquidez a bajo de coste y de forma urgente», ha apuntado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.
Desde COAG reclaman al Ministerio un acuerdo con los bancos para que se adelanten las ayudas europeas al mes de junio sin intereses, una línea de préstamos oficiales bonificados a un interés «atractivo» para los agricultores y ganaderos que no tienen préstamos contraídos, además de medidas de tipo fiscal que «alivien» la delicada situación económica de las explotaciones.
Para el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, se trata de medidas «tardías» y «propagandistas» que, en el mejor de los casos, movilizarán 80 millones de euros pero no paliará unas pérdidas que cuantifica en más de 2.000 millones de euros.