J. SIERRA VALENCIA ­El Real Decreto ley de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente facilita al Gobierno la tutela sobre los acuíferos que se encuentran en riesgo de no alcanzar «el buen estado» cuantitativo y cualitativo de sus aguas» y permitiría en la práctica la adopción de medidas que podrían ser traumáticas como restringir la extracción de agua en el acuífero manchego del Júcar o la de obligar a los regantes del Vinalopó a utilizar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó en lugar de seguir explotando sus pozos.

En nuevo real decreto amplia los poderes del Estado y simplifica los trámites que durante décadas dificultaron la declaración de «acuíferos sobreexplotados» pese al evidente deterioro y los continuos descensos del nivel de las aguas en lugares como la Mancha Oriental o el Vinalopó.

No obstante, entre los regantes existe el convencimiento de que la administración hidráulica, pese a reforzar su capacidad de intervención y dotarse de nuevos y simplificados argumentos legales, intentará antes el consenso.

«Masas en riesgo»
El Gobierno ha facultado a las Demarcaciones Hidrográficas a declarar oficialmente las masas de agua subterránea «en riesgo» de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico en los plazos marcados por la Directiva de Aguas. El cambio afecta tanto a los órganos de la administración que hacer esta declaración— que sustituye a la de los acuíferos sobreexplotados vigente en la Ley de Aguas— como a los plazos y alcance de las medidas.

El nuevo real decreto hace que sea la Junta de Gobierno de la Confederación— sin necesidad de consulta al Consejo del Agua—el órgano que puede declarar una masa «en riesgo».

Respecto al plazo para la puesta en marcha de planes de actuaciones para la recuperación del acuífero amenazado los reduce a un máximo de un año .

Mientas se aplican estos programas, el Gobierno puede limitar las extracciones, sustituir las captaciones individuales por otras comunitarias, sustituyendo los títulos individuales por colectivos, y «prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea».
En la práctica, el Gobierno podría forzar a los regantes del Vinalopó a hacer uso del trasvase que ahora desprecian y limitar las extracciones tanto en este acuífero como en de la Mancha Oriental.

La justificación del nuevo régimen introducido por el real decreto permitirá, según el Gobierno, «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuentan con un plan de actuación».

Según el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, pendiente de aprobación, tanto el acuífero de la Mancha Oriental como el del Vinalopó están muy lejos de alcanzar el «buen estado» del que habla la ley de Aguas y la directiva marco. Sin embargo, los sucesivos gobiernos se han resistido durante décadas a forzar la declaración de estas masas de agua como acuíferos sobreexplotados, pese a evidencias como los descensos acumulados del nivel freático de más de un centenar de metros.

El Real Decreto parece flexibilizar también el principio de recuperación de costes, de modo que podría eximirse a los regantes alicantinos de pagar íntegramente el coste real de bombear y llevar el agua al Vinalopó—haciendo que el uso de las aguas del trasvase sea asequible para sus economías—, y permite redistribuir los costes de la gestión del agua, incluidos los medioambientales, entre los diferentes usuarios.