La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, trabaja ya en un plan de cuenca que «blinde» los derechos hídricos del regadío de la Comunidad. Frente al intento de su predecesor, el socialista Juan José Moragues, de reducir drásticamente la superficie de regadío del campo valenciano, fuentes próximas al organismo de cuenca señalaron que el equipo de Ureña se ceñirá al censo de hectáreas regables que maneja la Conselleria de Agricultura, y que será el que finalmente se reflejará en el Plan de Cuenca del Júcar —que debería estar listo, según las previsiones del Gobierno, el próximo año—.

Tal como ha venido publicando ABC en los últimos meses, Moragues inició en los últimos meses de Gobierno socialista (durante el verano de 2011) la redacción del borrador del plan de cuenca con la previsión de eliminar 40.000 hectáreas de regadío de la Comunidad —18.000 de ellas en la provincia de Alicante—. Con la supresión de dichas hectáreas, al calificarlas como «suelo potencialmente regable» en lugar de como regadío, se eliminaban también derechos históricos sobre aguas de riego de los agricultores de la Comunidad.

La maniobra de Moragues, que llegó a plasmarse en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del plan de cuenca del Júcar, perseguía un objetivo claro: reducir el déficit hídrico de la Comunidad, y por tanto desactivar la exigencia de trasvases desde el campo.

«Foto» de 2005

La supresión de hectáreas de regadío fue posible porque la CHJ tomó como referencia los datos de riego de 2005, un año especialmente seco en el que muchos agricultores no tuvieron más remedio que dejar parte de sus propiedades en barbecho. Así, las tierras que no se regaron ese año —el mismo en que la exministra Cristina Narbona decidió el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó— pasaban automáticamente, en el borrador de plan de cuenca de Moragues, a convertirse en secano. Con lo que perdían sus derechos hídricos.

El plan de cuenca que preparaba el PSOE, que elevó el ETI al Consejo del Agua sin mediar votación pese al rechazo del Consell, del Ayuntamiento de Valencia y de los agricultores —excepto los del Júcar—, habría ocasionado una pérdida patrimonial de 2.000 millones de euros a los agricultores valencianos, por la pérdida de producción de las tierras afectadas, así como unas pérdidas acumuladas por lucro cesante de 220 millones de euros al año.

En cambio, según las fuentes consultadas, Ureña tomará como referencia para contabilizar el regadío en la Comunidad el censo que maneja la Conselleria de Agricultura, que es la que tiene las competencias en la materia. Dicho censo contempla un total de 350.000 hectáreas, que son las que figurarán en el plan.