El Congreso, con los votos a favor del PP y de UPyD, aprobó ayer hoy la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modifica algunas de las leyes más destacadas en la materia como las de Agua, Residuos y Derechos de emisión de CO2. En su intervención, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que recordó que el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley, justificó la norma en la necesidad de contar con una legislación clara y sencilla para proteger y gestionar el desarrollo sostenible. En cuanto a la reforma de la Ley de Aguas, el ministro dijo que restablece el principio de unidad de cuenca, como única forma de garantizar una gestión eficiente y solidaria, y descartó «fraccionar» cualquier función que el Estado ejerce en las cuencas intercomunitarias, lo que significa «abandonar el interés político-partidista». El real decreto-ley sustituye el concepto «acuífero sobreexplotado» por el de «masa en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico o químico». Asimismo, fija «un marco más flexible al utilizar el criterio de media interanual: en situaciones de sequía se permitirá extraer algo más de agua sobre la media, lo que se compensará con una mayor recarga y una menor extracción en los años húmedos. Una suerte de medidas anticíclicas que otorgarán mayores márgenes de gestión en sequía», explicó. Además, «se permite que no solo puedan ceder el aprovechamiento los concesionarios, sino también los titulares de los aprovechamientos temporales de aguas privadas y que la cesión sea irreversible y total», con dos garantías que en la cesión «el organismo de cuenca se reservará un porcentaje y que la cesión no puede suponer aumentar la superficie regada».
El Gobierno insiste en el principio de mantener la unidad de cuenca
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