F. J. BENITO VALENCIA Un trasvase a contra reloj. El Gobierno central tendrá que devolver el próximo 31 de diciembre 120 millones de euros a la Comisión Europea, si en cinco meses no es capaz de llegar a un acuerdo con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para poner en marcha una infraestructura cuyas obras acabaron hace dos años, pero que no sirven para nada, por la negativa de los usuarios de Alicante a recibir el agua de Cullera, «inasumible desde el punto de vista del precio y la calidad», según denunció ayer Andrés Martínez. El trasvase costó 400 millones, de los que 120 se financiaron gracias a los fondos de cohesión y en diciembre finaliza el plazo dado por Europa para cumplir las condiciones. Tras dos meses de relativa calma tras un primer acercamiento entre los regantes y la nueva presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, todo ha vuelto a saltar por los aires después de constatar los usuarios la poca voluntad del Ministerio de Agricultura para solucionar el problema a corto plazo. La Junta se vuelve a mostrar inflexible, como lo hizo en su día con el Gobierno socialista, y la semana pasada, una delegación se plantó en Madrid y trasladó a Juan Urbano, director general del Agua una única y última propuesta.
Para Andrés Martínez es la única solución «para contar con agua de calidad para todos los usos y, por lo tanto, que la misma pueda ser comprada por los ayuntamientos». Los regantes aseguran, además, que tienen muy avanzada la financiación de los trabajos por lo que el importe no recaería en las depauperadas arcas públicas.

La Junta Central se ha plantado y ya no quieren oír ni hablar de una potabilizadora o una toma alternativa en Antella, opciones que se propusieron como mal menor. «No nos garantizan que el agua sea de calidad y por ello el precio asequible es imposible. Entendemos que la situación del Gobierno no está para alegrías económicas, por lo que hemos buscado financiación. Sólo falta la voluntad política del Ejecutivo», subrayó Andrés Martínez.

Demanda
Por otro lado, el Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar siguen sin solucionar la demanda por la que la CHJ reclama 37 millones de euros al Consell de Fabra por haber modificado, supuestamente, el punto de conexión del embalse de Villena donde llegará el agua del Júcar con las tuberías del postrasvase, cuya ejecución correspondió a la Generalitat. Proceso judicial que ha seguido su curso y que impide, por ejemplo, ahora mismo, el reparto de los 9 hm3 de agua que hay almacenados en el embalse de San Diego, y sobre los que sí existe un principio de acuerdo para su reparto para regar árboles frutales y cereal en la provincia.

Soluciones
Otra patata caliente para el presidente Mariano Rajoy
La indolencia demostrada por el Ejecutivo de Zapatero para resolver el problema del Júcar-Vinalopó dejó la solución a una reivindicación histórica de la provincia al gobierno que salió de las urnas el 20 de noviembre de 2011.  Los regantes comienzan, no obstante, a recelar del PP tanto como lo hicieron del PSOE. Mariano Rajoy nunca se ha mojado en el tema de los trasvases.