La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha pedido a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que se establezca un «gran pacto de estado» para el uso del agua en la región.
Diariocrítico
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En este sentido, han solicitado a la presidenta de la región que se «reconozca el uso prioritario del agua para la Cuenca del Tajo mediante este pacto» y han demandado «que se reduzcan los trámites burocráticos para que los productores centren sus esfuerzos en la propia actividad agrícola y ganadera», según ha informado esta asociación en nota de prensa.
ASAJA Castilla-La Mancha ha reaccionado así a la intención que manifestó Cospedal en el Debate del Estado de la Región de «trabajar» en este asunto para que Castilla-La Mancha tenga el agua que se merece «en calidad y cantidad suficiente».
De otro lado, la asociación ha señalado que la intención de la presidenta regional de promover una nueva normativa sobre las cooperativas agroalimentarias en el ámbito de la comercialización responde a «lo que ASAJA llevaba demandando desde hace tiempo» con el fin de que agricultores y ganaderos «participen en mayor medida del valor añadido de sus productos».
Asimismo, han manifestado que con esta medida se consigue «aumentar la dimensión y eficiencia» de las cooperativas castellano-manchegas y «una mayor transparencia y estabilidad en los mercados».
Por otro lado, ASAJA ha señalado que la intención de Cospedal convocar una Cumbre sobre el vino serviría para «complementar» otras actuaciones de promoción que «ya se vienen haciendo con éxito» en la región.
Las Cortes rechazan proponer una reserva de agua para los ríos de la región
De momento, las Cortes Regionales han rechazado, con en voto en contra del PP, la propuesta de los socialistas para establecer una reserva de agua suficiente para garantizar el caudal ecológico de los ríos que pasan por Castilla-La Mancha así como que se determinen unas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura que garanticen el carácter excedentario de los recursos y que se concluyan y pongan en marcha las desaladoras.
El parlamentario socialista Luis Santiago Tierraseca ha calificado como «seria, coherente y justificada» su propuesta, mientras que el diputado del PP José Luis Teruel ha defendido el planteamiento «unitario» que tienen los ‘populares’ en materia de agua, en el marco del Plan Hidrológico Nacional.
El Consejo de Ministros cambia las normas de las cuencas hidrográficas
Y mientras, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el proyecto de Real Decreto por el que se modifican tanto el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) como el Real Decreto 509/1996 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Según ha informado el Ejecutivo, la finalidad del proyecto es crear un marco normativo común para «evitar situaciones discriminatorias entre las distintas cuencas hidrográficas», por lo que la norma vincula la utilización del dominio público hidráulico a la previsión de futuros planes hidrológicos de demarcación, «garantizando un régimen jurídico homogéneo».
«Se ha decidido así teniendo en cuenta que, durante la fase de elaboración de los planes hidrológicos, se ha manifestado la necesidad de armonizar su contenido de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas», explica el MAGRAMA.
Además, argumenta que «la praxis en la gestión y protección del Dominio Público Hidráulico ha evidenciado la necesidad de solucionar insuficiencias y ambigüedades en la aplicación de dicho Reglamento».
Por otra parte, el proyecto persigue armonizar el régimen jurídico de rango reglamentario previsto para la gestión y protección del Dominio Público Hidráulico en relación con el contenido de las normas aprobadas con posterioridad, en cumplimiento de la normativa comunitaria.
En cuanto a la modificación de la normativa sobre vertidos de aguas pluviales, el Gobierno pretende adaptar su redacción para recoger con «mayor fidelidad» el texto de la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y dar mayor seguridad jurídica.
