Los peores augurios de los regantes albaceteños se han cumplido. Desde este jueves, el agua de la balsa de San Diego, ubicada en Villena (Alicante) y que se llenó «de prueba» con recursos del Júcar, riega los campos alicantinos. Este envío se interpreta, en la Comunidad Valenciana, como el comienzo efectivo del trasvase Júcar-Vinalopó, un hecho que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado porque «carece de cobertura legal».

La entidad ha mostrado su indignación por el acuerdo que ha permitido el desembalse del agua de San Diego, suscrito el pasado día 18 entre la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, «bajo el auspicio», según informó el Ministerio en nota de prensa, de la Diputación Provincial de Alicante.

El presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, señaló que el Ministerio «debe saber que el trasvase no tiene cobertura legal» ya que el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 prevé unas normas de explotación «que aún no se han redactado». «El artículo 24 del Plan está derogado entero por el Supremo», recordó Belmonte, quien señaló que, además, a la hora de vaciar la balsa «debió contarse con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con la JCRMO».

A juicio del máximo representante de los regantes de la Mancha Oriental, en el Ministerio «alguien no se entera», señalando que Acuamed «no tiene autoridad para iniciar un trasvase». Belmonte afirmó que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «no puede ponerse de perfil» en este asunto, y criticó también la postura de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que a su juicio «se inhibe cuando debería decir algo».

Segunda fase

El presidente de la JCRMO explicó que la balsa de San Diego es propiedad de Acuamed porque las obras «no están entregadas» y denunció no solo el envío de agua del Júcar que ya se ha hecho, sino que según la nota difundida por el Ministerio se vaya a realizar «una segunda fase de llenado o puesta en carga, de cuya distribución se encargará también la Junta Central (de Usuarios del Vinalopó)».

La JCRMO afirmó este verano, coincidiendo con el anuncio que se hizo desde la Generalitat Valenciana de realizar hasta dos envíos de, al menos, 18 hectómetros cúbicos para los regantes del Vinalopó, que «no se han establecido las normas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó que garanticen la prioridad de la cuenca hidrográfica cedente».

Los regantes albaceteños, que en su momento anunciaron que están dispuestos a acudir a los tribunales para defender sus derechos, hacen hincapié en que el 72% de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha, y que siguen sin resolverse cuestiones previstas en el Plan del 98 como la finalización de las obras de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental, todo ello en un momento marcado por la sequía que afecta a los cultivos de la provincia.

Para Francisco Belmonte, el envío de recursos del Júcar para regar más de 20.000 hectáreas de cultivos alicantinos es una «cuestión política» que se ha planteado «a costa de los usuarios albaceteños».

La entidad ya se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haga valer su compromiso de que «la cuenca cedente tiene la prioridad», y tiene previsto reunirse, el próximo jueves, con la presidenta de la CHJ, la valenciana María Ángeles Ureña.