A pesar de la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas, a cinco meses vista, el Gobierno central tratará de que en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo jueves en el Senado los máximos dirigentes de las comunidades eleven la mirada y muestren receptividad para consensuar líneas conjuntas de actuación en la política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación.

El Ejecutivo ofrecerá la participación de las autonomías en la gestión de los dos primeros asuntos, aunque se reservará la planificación general de ambas materias. Así se acordó en una reunión secreta celebrada el pasado jueves, 28 de diciembre, con miembros del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el secretario de organización, José Blanco, y los presidentes autonómicos socialistas.

Antes de proponer líneas de actuación conjunta a gobiernos de otros colores políticos, lo primero es que la familia vaya unida. Y parece que se ha conseguido. Los socialistas tuvieron una primera reunión, el jueves 28 de diciembre, en la que sin la presión mediática ni de la opinión pública han preparado la III Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 11 de enero. Política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación son los tres asuntos que se abordarán en la misma.

Las propuestas concretas se han empezado a elaborar, aunque las líneas de actuación ya se han marcado. El Gobierno central ofrecerá a las comunidades autónomas su participación en las Confederaciones Hidrográficas y en los órganos de gestión y planificación del agua.

En esta reunión, algunos de los presidentes autonómicos, singularmente los más concernidos en materia de agua -Marcelino Iglesias, de Aragón, y José María Barreda, de Castilla-La Mancha-, llamaron la atención sobre la incongruencia de que las autonomías tengan competencia exclusiva en materias como agricultura, ordenación del territorio y urbanismo, que necesitan  el agua, y, sin embargo, no están en ningún órgano de gestión del agua.

Algunas comunidades, como Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, del PSOE, o Valencia, del PP, han introducido en sus reformas estatutarias artículos para arañar competencias en materia de política hidráulica.

La concreción de las medidas que el Gobierno pretende consensuar con las comunidades autónomas se hará en la propia Conferencia de Presidentes, aunque en esta reunión se remachó que este foro, creado a iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es de reflexión, deliberación y puesta en común de ideas.

Aun así habrá propuestas claras, como la creación de un Consejo Sectorial del Agua en el que estarán representadas las comunidades autónomas. En todo caso, las medidas serán tendentes a fomentar «la corresponsabilidad» del Gobierno central y los autonómicos en materia de agua.

Al comienzo de la reunión de los dirigentes socialistas, que continuó en un almuerzo sin salir de la sede del partido, María Teresa Fernández de la Vega hizo una intervención sobre los objetivos de la conferencia. El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, continuó con el uso de la palabra y en tono de broma invitó al presidente castellano-manchego a que «dijera lo que tenía que decir». Barreda ha acordado con el PP una reforma estatutaria en la que da por enterrado el trasvase de agua de su comunidad a Murcia en 2015.

Barreda y Marcelino Iglesias, que también ha incorporado a su Estatuto un máximo de hectómetros cúbicos que se deben quedar en Aragón cada año, coincidieron en suponer que el PP querrá poner sobre la mesa «la resurrección del Plan Hidrológico y del trasvase del Ebro», para concluir que los socialistas deben mantenerse firmes y seguir adelante con las «políticas de futuro».

En el terreno interno también se acordó no llevar a la mesa de la Conferencia de Presidentes los asuntos que dividen a los socialistas, aunque también al PP, como son algunas de las referencias del Estatuto de Aragón -en fase de enmiendas en el Congreso- y de Castilla-La Mancha, todavía sin debatir en su propio parlamento.

Los interlocutores consultados señalan que la reserva de agua que quiere establecer Aragón, o la petición de caducidad del trasvase del Tajo al Segura que se refleja en el texto de Castilla-La Mancha, no tiene nada que ver con las propuestas de políticas comunes que el Gobierno quiere hacer a todas las comunidades. Además, dan por seguro que los gobernantes del PP, presos de la misma división entre regiones, tampoco lo pondrán a debate.