«El trasvase del Ebro planteado por Aznar está enterrado»; hay que defender «lo nuestro», el río Júcar, que se muere por «el pacto de Zaplana con Bono de 1997»; mantener el trasvase del Tajo al Segura, y ejecutar el Programa Agua, que podría incluir minitrasvases del Ebro al norte de Castellón. Son «prioridades» que conforman el «pacto del agua» que ayer propuso el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a tres días de la conferencia de presidentes autonómicos convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Camps debe enterarse de que «el trasvase del Ebro de Aznar está enterrado», dice Pla
Ya está bien de «lloriqueos y quejas», conminó Pla. Es la hora de gobernar «sin partidismos» y «presentar propuestas para toda España». Por ello, planteó la conveniencia de establecer una «estrategia conjunta» ante la reunión del jueves con el presidente del Gobierno, que tratará sobre el agua, la inmigración e I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
Esta estrategia partiría de la «defensa del Júcar, que está siendo esquilmado y maltratado mientras él mira para otro lado». Se refería el secretario general del PSPV a los problemas generados por la distribución del agua del río, que habría beneficiado a Castilla-La Mancha, en detrimento del caudal del Júcar a su paso por tierras valencianas. En este sentido, Pla no tuvo reparos en poner nombres al pacto de 1997 que originó esta situación, señalando al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono, y al ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, del PP.
A pesar de la negativa del PP a discutir la conferencia de presidentes en un pleno en las Cortes, Pla dijo que está dispuesto a hablar «mañana mismo» [por hoy] con Camps. «Nadie puede tener ningún tipo de exclusividad ni trocear las conferencias hidrográficas ni atribuirse el caudal de un río», agregó.
El dirigente socialista reiteró que «el trasvase del Ebro está enterrado», apostillando en cada ocasión que aludía al «trasvase de Aznar». Respondió más tarde que estaba abierta la puerta a posibles trasvases entre cuencas, incluyendo minitrasvases del Ebro a Castellón, fruto de un «riguroso análisis» de la situación y de la ejecución del Programa Agua.
Pla incidió en las posiciones contrapuestas del PP aragonés y valenciano en materia de agua, sobrevoló por las posiciones en el seno del PSOE e incidió en que la única forma de alcanzar una solución es el diálogo y el consenso.
El líder socialista preguntó a Camps si está dispuesto a asumir todas las competencias en materia de agua de la reforma del Estatuto y si continúa «pensando en boicotear la acción del gobierno de España concretada a través del Programa Agua». Este programa ha permitido que «en la peor época de sequía de la historia de esta comunidad, por primera vez no haya cortes de suministros ni abastecimiento a nuestros pueblos y ciudades». Añadió que da la «impresión de que los populares tienen interés en que no llegue ni una gota de agua a la Comunitat para tener un arma arrojadiza más contra Zapatero».
En materia de inmigración, Pla indicó que la política del Consell «ha brillado por su ausencia» y se preguntó si Camps va a equiparar los recursos para favorecer la integración a los que destina el Gobierno. Sobre las inversiones en I+D+i, afirmó que la solución «más equitativa» es que la distribución de los fondos se lleve a cabo «no sólo en función de la situación de atraso de cada comunidad», sino en función de las mejoras que cada autonomía «pueda realizar y establecer con recursos propios y la presentación de proyectos».
Por otro lado, el secretario general del PSPV sostuvo que «no tiene ningún sentido» y es «absurdo» que la Generalitat catalana pida al Gobierno que fije una armonización de los impuestos autonómicos de sucesiones y donaciones en todas las comunidades y que limite su reducción para evitar que las comunidades entren en competencia. Pla respondió a los informadores que el planteamiento del Gobierno catalán es «un poco contradictorio con la conformación del Estado autonómico y con las reformas estatutarias». Sería «mejor» exigir que se produjera «un cumplimiento estricto y específico de la ley de Estabilidad», de forma que cada autonomía «hiciese su política fiscal», pero que cuando «haya problemas de situaciones de endeudamiento y mala gestión financiera como tiene la Generalitat valenciana no hubiese márgenes sino que se fuera muy estricto». A su juicio, «no es normal» que Camps «vaya presumiendo de que rebaja un tipo de impuesto y los valencianos debamos más que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el despilfarro y el derroche».