La agrupación provincial en Cuenca del Partido Castellano (PCAS) ha exigido “firmeza e ideas claras” a la presidenta Cospedal en “el conflicto abierto por el control del río Júcar que vive estos días una encarnizada batalla entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana”.

Desde el partido consideran que “pese a que es Castilla quien aporta la mayor superficie y caudal al río, son los valencianos quienes mandan y extraen beneficios económicos y políticos del mismo. Con la excusa de que el agua es de todos, la realidad es que se la quedan ellos y que no pagan un euro a Castilla por la misma”. El nuevo Decreto de Demarcación Hidrográfica del Júcar así como el Plan Hidrológico de Cuenca que se negocia estos días, “debe dejar claro de una vez por todas qué ríos y cuencas hidrográficas son del Júcar y cuáles no, debe cumplir escrupulosamente la sentencia del Tribunal Supremo de 2004, actuar en consecuencia y separar la gestión de todos los ríos independientes del Júcar. Entendemos que no hacerlo contribuye a perpetuar lesivamente los intereses del interior castellano (Cuenca y Albacete)”.
 
Además, indican que tradicionalmente “se han unido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ríos independientes del mismo, ríos que no son afluentes del mismo tanto por el norte (Castellón) como por el sur (Alicante), triplicando la superficie y la población de la misma de forma artificial por conveniencia política de la costa. El caso más clamoroso es el Turia, pero también el Palancia, o el Cenia. La razón que explica esto, a juicio del Partido Castellano, es un intento de la costa de añadir territorios y población y poder así hacerse con el control político efectivo del río”.
 
En el Partido Castellano (PCAS) exigen igualmente a la Junta de Comunidades “que denuncie y exija daños y perjuicios al Ministerio de Medio Ambiente por incumplir durante años la sentencia del Júcar emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2004 y por dedicarse a darle la vuelta a la situación, mediante informes ‘técnicos’ que interpretan torcidamente la ley para no asumir las consecuencias de su aplicación”.
 
En el PCAS creen “que ha llegado la hora de reclamar la gestión de todos nuestros ríos y de olvidarse del criterio nacional que solo favorece al vecino. No es de recibo que en la práctica, no podamos ni utilizar aquí ni vender el agua, solo dejar que corra y otros sí la utilicen. Que cada cual gestione su tramo y emplee sus recursos para su propio desarrollo económico y social. Esta opción es la más coherente con la de un Estado Federal no asimétrico real y auténtico al que se supone que vamos. Si a Portugal no le dejamos que gestione más que sus tramos de los ríos compartidos, no vemos por qué no hemos de hacer lo mismo por el Este”.
 
En el Partido Castellano (PCAS) entienden que “el marco jurídico-administrativo hidrográfico  actual es claramente injusto y perjudicial para los intereses de Castilla. Basta comprobar cómo los trasvases de agua, por cuanto no recibimos compensación económica efectiva real alguna (y si muchos perjuicios económicos en forma de valles expropiados, inundados y comarcas aisladas condenadas a la emigración), son un claro expolio auspiciado por el Estado para mayor gloria de la periferia”. Consideran “que el actual modelo solo ha favorecido a la periferia, donde incluso se toleran miles de hectáreas de regadío ilegales, mientras aquí se ha prohibido de facto todo tipo de uso del agua”.

El Partido Castellano “exige al gobierno de Cospedal que no reconozca ni el actual plan del Júcar ni el convenio para la gestión del embalse de Alarcón y pide a todos los ayuntamientos conquenses y albacetenses (tal y como ya hace el ayuntamiento de Albacete), que se nieguen a pagar a los regantes valencianos por el suministro de aguas superficiales del río Júcar procedentes del pantano conquense”. Solicitan, además, “que dicho pantano, ya amortizado, sea expropiado, pase a ser gestionado por la Junta de Comunidades y se ponga fin a décadas de política hidráulica franquista pro periferia”.

Igualmente, en el Partido Castellano (PCAS) piden para Cuenca “la sede de la nueva Confederación Hidrográfica del Júcar, hecho que entendemos nos corresponde por cuanto somos la única ciudad importante por la que discurre directamente el río, con el consiguiente traslado de funcionarios, empleo, rentas y poder administrativo, político y económico que eso supondría para nuestra ciudad”.