Cerca de 30.000 regantes de la provincia de Alicante podrán empezar a dormir algo más tranquilos en breve si finalmente se suscribe el acuerdo que dejará claro de antemano con qué caudales del trasvase Tajo-Segura podrán contar los agricultores para poder garantizar la continuidad de sus cultivos.
Si no surge ningún imprevisto, antes de que finalice el presente mes, el Gobierno central, los autonómicos de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucí y Comunidad Valenciana y las distintas comunidades de regantes deberían firmar un acuerdo por el cual las batallas y discrepancias por los recursos hídricos del Tajo quedarían aparcadas durante muchos años tras ceder todas las partes en algunas de sus pretensiones.
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, -que representa a 20.000 regantes con cerca de 35.000 hectáreas-, prefirió ayer esperar a que se rubrique definitivamente el acuerdo para hablar de cantidades concretas a trasvasar a partir de ahora, según se den episodios de sequía o no o cualquier situación hídrica, y avisó de que las negociaciones están siendo complicadas y que por tanto incluso puede ser que no hubiera acuerdo a tan corto plazo.
«Efectivamente, desde hace cuatro o cinco meses estamos asistiendo a un proceso negociador largo y complicado sobre el Plan Hidrológico del Tajo, que afecta por supuesto al Tajo-Segura. En estos momentos, como portavoz del Sindicato de Regantes en Alicante, digo que ahora mismo no hay nada cerrado, que continuamos negociando y que también hay buena disposición», señaló Urbina.
Este acuerdo, que todo apunta que a se firmará de manera «inminente», permitiría a los regantes, 30.000 en toda la provincia de Alicante que trabajan cerca de 50.000 hectáreas de tierra -140.000 hectáreas y 80.000 comuneros de Almería, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha si se incluyen a todos los concernidos por este pacto-, entre otras cosas, no depender de las reuniones en las que cada trimestre el Gobierno autoriza cuántos hectómetros trasvasar y que prácticamente siempre indigna a los regantes y gobiernos autonómicos: los del norte muestran su malestar porque consideran que se cede mucho caudal, y los del sur, porque entienden que siempre es escaso y se les perjudica.
Así las cosas, el acuerdo podría poner un punto y aparte en estas batallas y, sobre todo, se podría conocer con claridad y previsión suficiente, entre seis meses y un año, los aportes a las distintas comunidades de regantes en función de las reservas de agua en los embalses de la cabecera del Tajo: Entrepeñas y Buendía (Guadalajara-Cuenca).
«En Alicante hay dos personas que se están dejando la piel y que son los artífices si alguna vez se llega al acuerdo. Uno es el vicepresidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, presidente de la Comunidad de Regantes de El canal y presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, y el otro es José Císcar, el conseller de Presidencia y Agua, que han liderado la cantidad de reuniones que estamos teniendo desde noviembre y con discreción. Cuando tengamos algo cerrado y firmado, que no existe, esas dos personas tendrán que contar los pormenores del acuerdo», según expresó ayer Urbina, quien apeló a «respetar los tiempos». El portavoz de los regantes quiso añadir que lo que se está intentando razonar en estas reuniones es que «el trasvase es imprescindible para el mantenimiento de la vida en la provincia, que es lo que nos toca. Del agua depende industria, turismo, consumo humano y agricultura».