El plan del Tajo que dificulta los trasvases de agua al Segura ha sentado mal en los Gobiernos de Valencia y Murcia, graneros de voto del PP. Para paliarlo, el Ministerio de Medio Ambiente y estas comunidades han preparado un “memorándum de entendimiento” que recalca que el trasvase es un “objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada”. El texto habla de crear un grupo de trabajo que estudie los cambios normativos que mitiguen el impacto del plan del Tajo.
El ministerio que dirige Miguel Arias Cañete practica el equilibrismo en el tema del agua. Lo que teje con el plan del Tajo, lo desteje en el memorándum. O esa es la impresión que deja la lectura del texto. El texto político señala que “la potencial variación de los volúmenes trasvasados” derivada de la aprobación del plan de cuenca del Tajo –que aprueba el ministerio- se añade a una situación desfavorable para el regadío en el Segura. Y que consciente de esa situación quiere “mitigar, si hubiere lugar, las limitaciones que la nueva planificación hidrológica del Tajo tendría sobre los aprovechamientos dependientes del acueducto Tajo-Segura”. Es decir, que ahora busca fórmulas para paliar la reducción de caudales derivados de la nueva norma.
El borrador, de tres páginas y aún sin fecha, está previsto que lo firmen los responsables de agua de Valencia y Murcia y el ministerio y ha sido desvelado por el PSOE de Castilla-La Mancha, que denuncia el doble juego del Gobierno y que este supone el verdadero plan del Tajo. Los socialistas de la región critican que Cospedal acepte un texto que está por encima del verdadero plan del Tajo. El documento explicita que invitarán a Castilla-La Mancha a formar parte del grupo de trabajo que debe flexibilizar las condiciones del trasvase.
El plan del Tajo ha generado un tira y afloja entre los Gobiernos autonómicos implicados. La presidenta de Castilla-La Mancha llegó hace semanas a conseguir que el texto se retirara del Boletín Oficial del Estado. El PSOE no llegó a aprobar ese texto, que lleva años de retraso, por la tensión política que generaba, ya que es clave para el abastecimiento de la media España seca: Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Murcia.
Al final, el acuerdo de mínimos incluye una reserva mayor para Castilla-La Mancha en cabecera -sube de 240 hectómetros cúbicos a 400 en cinco años-. Al subir el volumen de agua exclusivo para la región en los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara), lo previsible es que reduzca los trasvases al Levante, especialmente en épocas de sequía. Sin embargo, el documento no contempla mayores caudales ecológicos en Aranjuez, algo que sin duda tocaría de muerte al acueducto.
El «memorándum» explica que revisará la legislación para facilitar la cesión de derechos de agua. Se trata de hacer más sencilla la compraventa de agua entre regantes del Tajo y del Segura, algo que hasta ahora estaba limitado a periodos de sequía. Así, aunque se limiten los trasvases, los regantes del Levante podrían comprar agua a los del Tajo. También prevé adaptar la ley del trasvase, de 1980, reducir las pérdidas de agua durante los envíos de agua y actualizar las funciones de la comisión que gestiona el trasvase. También analiza “la posible derogación” de la disposición legal de 2005 que preveía ir reduciendo el trasvase conforme abrieran las desaladoras.
Son aspectos técnicos pero que los regantes del trasvase llevan años reclamando. Son también las principales reivindicaciones que llevaron a una reunión el pasado 28 de febrero en el ministerio los consejeros de agua de Valencia y Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá. En esa reunión estuvo en calidad de “asesor externo” Francisco Cabezas, el responsable del plan hidrológico de Aznar y que ha recuperado Cañete para deshacer el nudo del agua.
