La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha constituido una central de compras para ahorrar entre un 10 por ciento y un 14 por ciento anual en electricidad, adquiriendo a un precio más competitivo un volumen de 100 gigavatios hora (GWh) al año, con el que podrán suavizar el incremento exponencial que han registrado los costes energéticos desde que en 2008 desaparecieran las tarifas que había especiales para el regadío.
Fenacore es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el objetivo de aunar esfuerzos y voluntades en la defensa de sus intereses y derechos de uso del agua. Esta organización, en la actualidad, cuenta con más de 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, lo que supone más del 80 por ciento del regadío nacional agrupado en las comunidades de regantes.
Según las estimaciones de esta asociación, el ahorro potencial que el sector agrario -el segundo consumidor de electricidad más importante de España por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)- puede obtener en términos absolutos, asciende a más de 59 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que su consumo anual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios/hora, con un coste medio actual de diez céntimos por unidad (kWh).
«A través de esta central de compras, serán algo más llevaderos los gastos derivados del término de energía, que en los últimos cuatro años se ha disparado más de un 80 por ciento hablar; por no hablar del coste fijo del término de potencia, que se ha incrementado alrededor de un 450 por ciento en este mismo periodo», afirmó el presidente de Fenacore, Andrés del Campo. Señaló que, aunque los nuevos mecanismos de riego ahorran hasta un 20 por ciento de agua, «demandan mucha más electricidad para funcionar».
Pagar por la potencia real registrada.
Por ello, la asociación ha trasladado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la necesidad de pagar por la potencia real registrada y no por la máxima contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).
De esta forma, los regantes persiguen despenalizar el uso de las tarifas de temporada, o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y, otro, de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).
Por último, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes explica que la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizarían la colaboración del sector agrario en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos, actualmente paralizada. Este parántesis de debe a la necesidad de fondos públicos y de unos costes de financiación que hagan posible la viabilidad económica de la transformación de estas zonas regables todavía no modernizadas.