El futuro del Tajo-Segura preocupa, y mucho, a los Gobiernos de Murcia y Valencia. Así se desprende del acta de la reunión celebrada el pasado 28 de febrero entre representantes de ambas autonomías y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al que ha tenido acceso La Tribuna. El tema del encuentro no era otro que presentar un memorándum al Ministerio sobre los puntos ‘irrenunciables’ para el Levante ante la entonces inminente presentación del borrador del plan de cuenca del Tajo, que vio la luz casi un mes después, el 23 de marzo. Un texto que prácticamente dobla la reserva de agua no trasvasable en los pantanos de cabecera del Tajo (fuente del trasvase), que pasarían de los actuales 240 hectómetros cúbicos a los previstos 400.
Los consejeros de Agricultura de Valencia y Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá, centraron su intervención en exigir «seguridad jurídica» al funcionamiento del Tajo-Segura. En palabras del propio Císcar, «la futura regulación del Plan Hidrológico del Tajo puede suponer un perjuicio para el Trasvase Tajo-Segura, concretamente en lo que afecta a los volúmenes trasvasables», lo que provocaría «un daño importante en los regadíos afectados por la cuenca del Segura». Y, en la misma línea, Cerdá recalcó «el eventual menoscabo de los volúmenes trasvasables» y el  «perjuicio importante» que ocasionará en los regadíos vinculados a la cuenca del Segura.  
Preocupaciones que resumieron en siete puntos, que dejaron a estudio en el Ministerio, con los que el Levante pretende entrar  «sin reservas ni dilaciones» en la planificación hidrológica del Tajo. Puntos que, a modo de resumen, pasan por la revisión de la legislación actual para reasignar los derechos de agua y por actualizar las reglas de explotación del trasvase y de los volúmenes máximos trasvasables al año. Teniendo en este último punto la vista puesta en la incorporación de la Llanura manchega -Puertollano y Ciudad Real fundamentalmente- a los demandantes de agua del Tajo.
Las Comunidades de Regantes del Tajo-Segura, también presentes en la esta reunión, incidieron en la preocupación que hay en el Levante sobre el posible recorte en el trasvase del Tajo-Segura. En concreto, su presidente, José Manuel Claver, puso de manifiesto «el gran esfuerzo que supone para éstas la reducción que van a experimentar los volúmenes trasvasables».
Por parte del Gobierno central, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,  avaló la constitución de un grupo de trabajo que estudiará los siete puntos que figuran en el Memorándum para la reforma de la legislación que regula, por el momento, el trasvase Tajo-Segura, y expresó la voluntad del Gobierno central de asegurar la existencia del mismo. «En contestación a las intervenciones anteriores, el Sr. Secretario de Estado de Medio Ambiente expone la conveniencia de analizar las propuestas planteadas por los anteriores intervinientes para alcanzar una correcta y segura regulación del trasvase Tajo-Segura, así como la constitución de un grupo de trabajo, y manifiesta la clara voluntad del Gobierno de la nación de asegurar la existencia del trasvase», se afirma textualmente en el acta consultado por La Tribuna.
En la reunión celebrada en el Ministerio estuvieron presentes, entre otros, la directora general del Agua, Liana S. Ardiles; el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, y el consejero de Presidencia, Agricultura Pesca y Agua de la Generalitat Valenciana, José Císcar. Como invitados, también acudieron los presidentes de la Comunidad de Regantes Riegos del Levante; el de la Comunidad de Regantes Riegos del Levante Margen Derecha; el de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena; el presidente de la Comunidad de Regantes Campotéjar y el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.